Ayer tomó estado público que el vicepresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mauricio Ardus, contrató de forma directa como secretaria a la novia de su hijo. Según informó VTV, la joven, de 18 años, cobra 57.000 pesos al mes. A este caso se suma el del intendente de Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional, PN), que asignó cargos de confianza a varios de sus familiares.

El viernes, el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado, PC) presentó un proyecto de ley que prohíbe la contratación o designación de familiares en toda la administración pública. El proyecto, que consta de tres artículos, impide la designación de personas que tengan “algún tipo de parentesco, por consanguinidad o afinidad, tanto en línea recta, como en línea colateral, y hasta el cuarto grado, así como del cónyuge, concubino o pareja” de quienes ocupan cargos en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los entes autónomos, los servicios descentralizados, los gobiernos departamentales y las personas de derecho público no estatal. El proyecto establece que quienes se encuentren en esta situación deben desvincularse antes del 30 de octubre de 2018, y plantea como excepciones para el ingreso de familiares que estos sean designados luego de un concurso público o cuando cuenten con una antigüedad de más de cinco años.

El senador colorado ingresó el proyecto el viernes y, por el feriado de Carnaval, aún no tuvo trámite administrativo, pero es de suponer que ingresará en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta.

El senador del Frente Amplio (FA) e integrante de esa comisión Charles Carrera dijo a la diaria que “en principio” cree que se trata de “una muy buena oportunidad para discutir algunos temas que nos interesan”. “En primer lugar, en la administración central ya existe un mecanismo de concursos: todos los cargos presupuestales del Estado uruguayo ingresan por concurso. Hay otras propuestas que a la agrupación de gobierno nos interesarían, que es que los ingresos en los gobiernos departamentales sean por concurso o sorteo”, especificó. El senador del FA dijo que en las intendencias de su partido es una práctica habitual la contratación por concurso. “A nosotros nos gustaría extender por ley ese mecanismo, pero para llegar a hacerlo se necesitan dos tercios de los votos de cada cámara, porque es un tema de autonomía departamental y la Constitución establece que se requiere mayoría especial, y el FA no la tiene”. Carrera explicó que en el Senado sólo llegarían a los votos si el PN los acompañara. “Otra cosa que nos preocupa son las remuneraciones. No puede ser que en un país pequeño existan intendencias como la de Maldonado, en las que el intendente gana un sueldo superior al del presidente. Yo no me cierro a analizar la iniciativa de Bordaberry, pero me parece que sería una oportunidad de legislar sobre estos otros asuntos”, agregó.

El senador del FA Rubén Martínez Huelmo dijo a la diaria que no tiene problema en analizar el proyecto del colorado. “Sería un buen ejercicio para llamar a toda la administración y ver qué tipo de legislación se puede hacer”, opinó. Este legislador coincidió con Carrera en que sería bueno que se extendiera el requisito de que ingresen funcionarios por concurso en las intendencias. “Es un tema bien interesante para hablar. Me parece que sería constructivo”, dijo. No obstante, opinó que la propuesta de Bordaberry llega tarde “desde el punto de vista legislativo”, ya que tiene que sortear dos cámaras y una serie de entrevistas de las comisiones, lo que va a llevar al menos seis meses.

Según publicó la diaria el viernes, en la Intendencia de Cerro Largo hubo entre 2011 y 2016 1.127 ingresos por designaciones directas y sólo 50 por concurso o sorteo, y en la de Durazno, 1.375 designaciones directas y tan sólo 58 ingresos por concurso o sorteo en ese mismo período.

Por su parte, el senador del PN Javier García dijo que le comunicó al senador del PC que tiene la intención de hacer un agregado: “Yo voy a proponer un mecanismo de excepción. Puede pasar que un jerarca necesite designar un cargo con una especialidad muy puntual y puede suceder que esa persona sea familiar. Para evitar injusticias, voy a proponer que en esas situaciones el jerarca haga el fundamento ante la Junta de Transparencia y Ética Pública [Jutep] y sea esta la que dé el visto bueno”. García ejemplificó que el caso más “paradigmático” de elección por parentesco familiar es el del “hermano del presidente de la República [Jorge Vázquez], que es licenciado en enfermería y cuando empezó fue designado prosecretario de Presidencia, un cargo que por definición es ocupado por juristas; el presidente Vázquez lo designó porque es su hermano”, sostuvo.

En cambio, Carrera indicó que hay que hacer una distinción entre los cargos presupuestales y los de particular confianza, como el de Jorge Vázquez, actual viceministro del Ministerio del Interior y hermano del presidente. “Jorge ha demostrado una gran solvencia. Cuando estuvo al frente de la Junta Nacional de Drogas fue la época en la que hubo mayor incautación de drogas; en el Ministerio del Interior también ha tenido gran solvencia. Los cargos políticos o de particular confianza deberían quedar por fuera de la propuesta de Bordaberry”, afirmó.