El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, utilizó por primera vez, desde que se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), el recurso de hábeas corpus correctivo, al denunciar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que implementara un plan de alfabetización en el ex Comcar, la cárcel con mayor número de presos del país. En las primeras instancias convocadas por la jueza penal de 36º Turno, Marcela Vargas, Petit y la ANEP no llegaron a acuerdos, en particular sobre el número de personas consideradas analfabetas en el ex Comcar. Pero en la tercera audiencia, el viernes 9, se alcanzó un entendimiento sobre el tema, que incluye la puesta en marcha de un plan de alfabetización, y se dejó sin efecto el recurso.

La ANEP, representada por el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Wilson Netto, aseguró en la segunda audiencia que, en el marco de conversaciones que ya se estaban teniendo con la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), se determinó que hay dos “universos objetivo”: 130 personas privadas de libertad en el ex Comcar que se autodefinen como analfabetas, y 263 que dijeron no haber terminado primaria. El plan es que a estas últimas los equipos técnicos de ANEP y el INR les apliquen una prueba diagnóstica y de acreditación de primaria, y que a quienes la superen se les dé por aprobado ese nivel. Con quienes no la superen y las 130 personas que se consideran analfabetas se formarán diez grupos, atendidos por cinco docentes (cuatro maestras de la ANEP y una del INR) y por tutores pares (otros presos con mayor nivel educativo dispuestos a dar clases y acompañar el proceso de aprendizaje), con una carga horaria de cinco horas semanales de clases a cargo de docentes y otras cinco de acompañamiento con tutor.

Netto señaló que serán necesarios tres elementos para que el plan se concrete: que haya una propuesta educativa y docentes a cargo, que se den las condiciones físicas y la logística necesaria para el traslado de los estudiantes, y que los reclusos tengan la voluntad de participar. En ese sentido, mencionó que es imprescindible coordinar el trabajo con el INR, algo a lo que se comprometieron tanto este como la ANEP. Los abogados del Codicen, Aníbal del Campo y María del Rosario Romero, cuestionaron como un vicio del recurso que el objeto de la denuncia de Petit haya sido sólo la ANEP, porque la tarea requiere esa coordinación.

En la tercera audiencia, con la presencia de ANEP y el INR, Petit aceptó el relevamiento presentado y el plan de alfabetización propuesto. Teniendo en cuenta que el INR se comprometió a seguir haciendo relevamientos “durante todo el año, y que el Codicen va a tomar nota de las necesidades que haya y a darles respuesta”, consideró que el planteo de las autoridades “es totalmente aceptable”.

El acta firmada por la jueza Vargas dice: “Las partes expresan que ratifican su compromiso de seguir trabajando de manera articulada en favor del derecho a la educación de las personas privadas de libertad desde sus respectivos mandatos, tal como lo señalan las Reglas Mandela, la Constitución de la República y las Normas Internacionales de Derechos Humanos”.

Con esta resolución se puso fin al litigio en el ámbito judicial. Petit valoró que el hábeas corpus correctivo, previsto en el artículo 351 del CPP, hizo “su entrada en escena, y funcionó”. Subrayó que esa herramienta permite “denunciar condiciones de reclusión violatorias de la dignidad humana”, y reivindicó el rol que tiene el Poder Judicial en estos casos: “Es un nuevo camino para trabajar”, aseguró.