En momentos en que deberíamos estar discutiendo con la derecha y sus propuestas de militarización de la seguridad interna, cadenas perpetuas y gatillo fácil, debo hacer un alto y contestar un artículo del sociólogo Rafael Paternain publicado en la diaria el 1º de marzo de 2018. Allí Paternain expuso diez razones por las que considera que se debería cambiar el rumbo de la política de seguridad. No tenemos el honor de compartir las valoraciones del columnista, por lo tanto, expondremos a continuación nuestra opinión al respecto.

La inseguridad es mucho más que “un concepto popular” que “se vincula con la ocurrencia de actos violentos y delitos, sobre todo en el espacio público”. Concluir que “la inseguridad es una construcción que simplifica una realidad y que se asocia mecánicamente a un repertorio de soluciones: Policía, Justicia y cárceles” resulta bastante simplista. No consideramos que quienes estuvieron y están gobernando desde el Poder Ejecutivo partan de esta premisa a la hora de instrumentar las políticas públicas. Si se pensara que la inseguridad pública se reduce a eso, jamás se habría desarrollado la Estrategia por la Vida y la Convivencia, para cuya redacción se partió de la base de que las soluciones a los problemas de inseguridad requerían políticas integrales e interinstitucionales.

De hecho, el Programa de Gobierno del Frente Amplio (FA) para el período 2015-2020 hizo el siguiente análisis: “El problema no es sólo el delito, sino también la cultura de intolerancia, crispación y violencia cotidiana que ha ganado espacios en la sociedad uruguaya en las últimas décadas”. El diagnóstico que desde hace años se viene realizando parte de la base de que la inseguridad es apenas una de las manifestaciones de un problema mucho más complejo y comprende aspectos culturales, educativos y económicos, entre otros. Esta afirmación, al igual que las propuestas incluidas en el Programa del FA, son el resultado de un largo debate y de un arduo trabajo programático en el que participaron muchos militantes, incluido el sociólogo Paternain.

Afirmar que parte de la estrategia de la administración frenteamplista consiste “en enfrentar las demandas sociales y políticas bajo el objetivo del combate material a los delitos violentos contra la propiedad” resulta parcializado y demuestra un verdadero desconocimiento de la gestión realizada. Basta conocer las políticas desarrolladas para saber que “el combate a los delitos violentos contra la propiedad” constituye apenas una de las tantas aristas abordadas. Sin ninguna duda, esto está dentro de las competencias del Ministerio del Interior y en particular de la Policía, pero no todo se reduce a los delitos contra la propiedad y, como se explicará más adelante, la gestión fue mucho más allá de eso.

Comentario aparte merece la afirmación que pretende –en una suerte de encasillamiento académico– referirse a la administración frenteamplista como abrazada al “recetario clásico” denominado “realismo de derecha”. Si bien el sociólogo Paternain no ahonda en este concepto, lo simplifica en una frase y lo ejemplifica mencionando algunas políticas desarrolladas, como la videovigilancia, el monitoreo electrónico, la tecnología para el trabajo policial, etcétera. Cualquiera que haya estado a cargo de la gestión del Estado sabe que la administración de recursos humanos y materiales, así como la ejecución de políticas públicas, van más allá de cualquier categoría académica que pudiera suponerse. Como dicha afirmación fue bastante escueta y poco desarrollada, nos limitaremos a afirmar lo siguiente: la administración frenteamplista en materia de seguridad pública no siguió el recetario clásico denominado “realismo de derecha”. En todo caso, quien afirme lo contrario (si pretende un debate serio) deberá demostrarlo con hechos y fundamentos.

Ya vendrán los ámbitos congresales y programáticos, donde todos los frenteamplistas lograremos elaborar nuevas propuestas y analizaremos todo lo hecho. Bienvenidas sean las innovaciones, porque las políticas públicas son dinámicas y deben adaptarse a los momentos. Con ese espíritu aportaremos las mejores ideas, como ya lo hicimos en las instancias congresales previas a la elección de 2014.

En estas instancias de reflexión debemos analizar lo hecho hasta ahora. Allá en 2010, cuando asumió una nueva administración en el Ministerio del Interior, se plantearon metas ambiciosas. Eran ambiciosas a la luz de la situación en que se encontraba la Policía Nacional. Una institución con salarios sumergidos, armamento vetusto, uniforme deteriorado, dedicada a la realización de los conocidos servicios extraordinarios (artículo 222), con malas técnicas de trabajo, pésima capacitación, entre otras circunstancias que bien conoce el columnista.

Hubo mucho trabajo y dedicación. No sólo se incrementó el presupuesto de la Policía Nacional, sino que además se mejoraron los niveles de ejecución presupuestal de la cartera. Hubo un aumento sustancial del salario policial, que le devolvió al funcionario la dignidad perdida durante décadas de olvido y abandono. Se encaró una fuerte reforma administrativa que modernizó procedimientos y formas de trabajo que estaban obsoletos. Al mismo tiempo, se mejoró de manera exponencial la tecnología para el trabajo policial. Se incorporó el sistema de monitoreo electrónico como elemento de prevención de la violencia doméstica. El desarrollo de los sistemas de videovigilancia, así como el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), han permitido reducir fuertemente los delitos.

Cuando decimos que la política de seguridad pública fue más allá del combate a los delitos, nos referimos al trabajo realizado de manera interinstitucional. Durante el desarrollo de la Estrategia por la Vida y la Convivencia se redimensionó el trabajo policial, entendiendo que se debía actuar en conjunto con otros organismos del Estado. Así, se pudo ejecutar el Plan Siete Zonas, que sumó acciones conjuntas para promover la convivencia en barrios de contexto crítico.

Podríamos seguir enumerando ejemplos de políticas exitosas en materia de seguridad pública, que fueron desarrolladas durante las administraciones frenteamplistas, pero en esta instancia resulta fundamental pensar nuevas propuestas para el futuro. En el debate que se viene de cara al programa del FA, no deberíamos limitarnos a hacer diagnósticos sin pensar en nuevas propuestas. Por tanto, enumeraremos algunos enfoques que consideramos fundamentales a la hora de discutir sobre políticas de seguridad:

1- Deberíamos enfocarnos en un concepto integral de seguridad, alejado del determinismo coercitivo –políticas de mano dura– y del determinismo económico, que sostiene que los problemas de inseguridad que se viven en estas épocas son únicamente la consecuencia directa de problemas estructurales como la pobreza y la inequidad. Por este motivo, desde una perspectiva multidimensional, parece pertinente el diseño y la ejecución de un plan de acción que contenga una dimensión de focalización en la mejora de la calidad y la cobertura de programas sociales especialmente orientados a los niños y jóvenes, y también a la inclusión laboral.

2- Cuando se planteó la Estrategia por la Vida y la Convivencia, dijimos que la seguridad pública era apenas una de las caras de un problema mucho más complejo. En ese sentido, propusimos el desarrollo de una política integral que involucrara a otros actores del Estado. El delito como una manifestación del conflicto social no sólo se previene mediante políticas policiales; resulta fundamental que exista una verdadera promoción de derechos, facilitando y universalizando su acceso de manera equitativa. El acceso a una vivienda digna, a un sistema educativo de calidad, a los servicios básicos, entre otros, resultan fundamentales para generar derechos, combatir la desigualdad y, en definitiva, reducir también la delincuencia.

3- Se debería desarrollar un Programa de Intervención Urbana Integral que reedite, extienda y profundice la experiencia realizada años atrás mediante el Plan Siete Zonas. Una forma eficiente de combatir la inseguridad es generando una política de shock en materia de estructuras de convivencia, que permitan un aprovechamiento positivo del espacio público. Crear ámbitos de convivencia como plazas, parques, así como otros espacios de esparcimiento e integración social, han demostrado ser políticas más que acertadas.

4- Debemos plantearnos como objetivo seguir profundizando y consolidando el cambio cultural en el desarrollo del trabajo policial, donde se instrumente la transición desde el modelo de acción policial reactivo, basado en una distribución homogénea o uniforme de los recursos humanos y materiales (tanto por medio del territorio como del tiempo) hacia un nuevo paradigma de gestión proactivo, basado en el conocimiento y la inteligencia aplicada.

5- Profundizar la reforma procesal penal, donde la Fiscalía ocupa un rol central en la persecución del delito, y la Policía es su auxiliar. Se debe seguir evaluando el funcionamiento del nuevo sistema procesal acusatorio, que necesariamente deberá ajustarse. A su vez, se deben fortalecer las unidades de análisis criminal, a los efectos de que exista una persecución inteligente del delito. En la misma línea, se tendrá que seguir trabajando en la coordinación entre fiscales y policías, para mejorar la persecución penal.

6- Se debe estudiar la posibilidad de extender el PADO a todo el país. Por otro lado, también debería extenderse el sistema de videovigilancia, siguiendo los estándares de la zona metropolitana, que han demostrado ser exitosos. Se debe apostar a un trabajo coordinado entre las diferentes unidades de la Policía Nacional, aprovechando sus fortalezas para que haya un efectivo combate a todo tipo de delitos. Se deben profundizar los cambios en la Policía Científica, apostando a una mayor tecnificación y profesionalismo en su accionar, lo que permitirá una mejora en la calidad de la prueba que se eleva a la Fiscalía y a la Justicia competente.

7- Debería profundizarse la reforma del modelo de gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación. En este sentido, debe instrumentarse el traspaso definitivo del sistema de gestión del instituto al servicio descentralizado que se creará. Hay que continuar en la línea de mejora de la infraestructura carcelaria, como forma de colaborar con la inclusión social de quienes se encuentran privados de libertad; mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que trabajan en los establecimientos; mejorar la intervención pospenitenciaria mediante la Dirección Nacional del Liberado; fortalecer las políticas públicas transversales dentro de las unidades de internación.

8- Debemos profundizar el trabajo que se ha venido realizando para el combate a la violencia de género. A nivel de la Policía, se debe continuar el proceso de sensibilización de los funcionarios que trabajan atendiendo este tipo de casos. Al mismo tiempo, es fundamental apostar a mejorar los métodos de investigación en materia de delitos violentos basados en género. Otro problema grave del que deberíamos ocuparnos es de la trata y la explotación de personas. Con respecto a esto, deben mejorarse los métodos de investigación, procurando que no se centre únicamente en el testimonio de las víctimas. Finalmente, deberíamos seguir trabajando para cambiar las pautas culturales que hoy nos rigen, en particular en lo que refiere a los estereotipos de género.

9- Debemos mejorar cualitativamente la política dirigida hacia víctimas y testigos de los delitos. En este sentido, en pocos días presentaremos un proyecto de ley que busca crear una nueva institucionalidad que le dé respuestas a esta población. Sin perjuicio de ello, de cara al futuro programa del FA, debemos pensar nuevas políticas destinadas a las víctimas, quienes durante años fueron las grandes olvidadas del sistema penal.

10- Un sistema de administración de justicia no sólo necesita ser justo, debe ser también eficiente. La eficiencia está determinada, entre otros factores, por la estructura administrativa. Se debe reestructurar y repensar la cantidad y las competencias de los tribunales, dependiendo de las necesidades reales de las diferentes zonas del país.

En este sentido, se debería estudiar la creación de una Secretaría de Asuntos Constitucionales y Legales, que debería trabajar y transmitir al Poder Judicial las preocupaciones de nuestros habitantes para que este, al planificar sus cometidos, las canalice. No se trata de intervenir en la función jurisdiccional, sino de que el Poder Judicial, en uso de su independencia, haga las reformas pertinentes para tener en consideración las preocupaciones de nuestros habitantes. Por ejemplo, hoy la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Basada en Género está teniendo serias dificultades para su instrumentación, y las autoridades del Poder Judicial manifiestan falta de recursos. La violencia de género nos preocupa como sociedad; el Poder Judicial debería mirarse internamente y ver qué juzgados se pueden suprimir –algún juzgado de Paz departamental de la capital o el juez de paz rural de un pueblo– y luego, si es necesario, solicitar más recursos.

Estos enfoques pretenden ser apenas disparadores para un debate interno de cara a la elaboración del programa del FA. Allí daremos la discusión y expondremos nuestros argumentos y posiciones. De las propuestas, la calidad del debate y la síntesis arribada dependerá, en definitiva, el futuro de las políticas de seguridad de cara a un cuarto gobierno del FA.