Estaba visto

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, elevó ayer a la jueza de Crimen Organizado de 1er turno, Beatriz Larrieu, el pedido de procesamiento sin prisión de varios ex jerarcas de ANCAP por presuntos delitos cometidos entre 2010 y 2015. Pacheco pidió el procesamiento de Raúl Sendic, ex presidente de ANCAP y ex vicepresidente de la República, por reiterados delitos de peculado en su uso de las tarjetas corporativas de ANCAP, y por dos delitos de abuso de funciones vinculados al contrato de ANCAP con Trafigura –para la intermediación en los negocios con Petroecuador–, y al involucramiento de Exor en la intermediación con PDVSA para cancelar la deuda con esa petrolera venezolana. Por lo actuado con Trafigura y Exor, también solicita el procesamiento del ex vicepresidente de ANCAP, Germán Riet, y del ex director Juan Gómez, por dos delitos de abuso de funciones en ambos casos. A Juan Justo Amaro, que fue director en representación del Partido Colorado (PC), lo considera responsable de un delito de abuso de funciones por el contrato del ente con Trafigura. Para José Coya, quien sucedió a Sendic en la presidencia de ANCAP, Pacheco pide el procesamiento por un delito de abuso de funciones en relación con el vínculo de Exor con la empresa estatal.

Además, el fiscal solicita el procesamiento del gerente de la División Portland de ANCAP, Juan Luis Romero, por un delito de abuso de funciones vinculado a los contratos para la producción y transporte de cal de la subsidiaria del ente Cementos del Plata; el del gerente de Alcoholes del Uruguay (Alur), Manuel González, por estafa en la construcción de la planta de bioetanol en Paysandú; el del jefe de Mantenimiento de la División Marítima, Eduardo Goldsztejn, y el del jefe de Operaciones Marítimas, Ricardo Lemes, por irregularidades en el contrato entre la Armada Nacional y ANCAP para la construcción del remolcador Ky Chororó.

El pedido fiscal se refiere también a otro indagado: Leonardo de León, ex director de Alur y hoy senador por el Frente Amplio. Pacheco esperará para expedirse un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre el uso que hizo De León de las tarjetas corporativas de Alur.

Lo que no

La causa judicial reunió las denuncias realizadas por legisladores del Partido Nacional, el PC, el Partido Independiente y Unidad Popular sobre la gestión en ANCAP, y el dictamen del fiscal se ocupa primero de los gastos en publicidad del ente, para concluir que lo denunciado “no alcanza a configurar ilícitos penales”. En 2013 y 2014 se multiplicó el gasto en publicidad de ANCAP, dice, pero esto fue “debidamente controlado por el Tribunal de Cuentas, y mas allá de valoraciones respecto de la conveniencia u oportunidad de la asignación de tales montos, no puede cuestionarse su legalidad”.

En este capítulo se incluye la pauta publicitaria por 5.000 dólares en la radio La Propia de Quebracho en 2014 (si bien comenzó a emitir en 2015). El fiscal señala que “la propuesta original era la de adelantar dinero para la compra de equipos de trasmisión, propuesta que fue denegada y en definitiva sustituida por la de pautas publicitarias en los informativos de la radio, que se habrían cumplido en la práctica, aún con retardo en el tiempo”.

Sobre las denuncias acerca de irregularidades en la licitación que asignó la publicidad del ente a la agencia La Diez, Pacheco afirma que las observaciones del Tribunal de Cuentas y de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad corresponden a “la esfera administrativa”, y no a la penal. Además, menciona que el pliego de la licitación “no difirió en lo sustancial de los llamados anteriores convocados por ANCAP para la selección de una agencia”, de modo que “no puede hablarse” de intenciones de favorecer a una de las aspirantes.

En cuanto a los gastos para la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, de unos 370.000 dólares, Pacheco dice que la suma parece “exorbitante para lo que significó un evento de pocas horas de duración, y para las finanzas de un ente público con dificultades económicas”, pero que “no se ha probado” y “ni siquiera está denunciado” que los servicios hayan sido sobrefacturados o no se hayan prestado. De todas formas, menciona que el “desmesurado aumento de los gastos” se debió en parte a la “imprevisión” de las autoridades de ANCAP, ya que si bien la inauguración estaba prevista en el plan anual, se comenzó a planificar apenas un mes antes, lo cual incrementó los costos y, a juicio del fiscal, “revela un despreocupado manejo de los dineros públicos”.

Lo que sí​

En conferencia de prensa, ayer de tarde, Pacheco explicó que las dos denuncias más graves son las vinculadas a los contratos de ANCAP con Trafigura y con Exor, y que de allí surge el pedido de procesamiento por abuso de funciones de “todos los directores” que aprobaron esas resoluciones.

Trafigura fue la empresa contratada por ANCAP como intermediaria en sus negocios con Petroecuador de 2010 y 2011; el ente obtenía crudo y vendía gas oil a la estatal ecuatoriana. De 2010 a 2012, el negocio ascendió a 4.900.000.000 dólares, y para ANCAP significó 5.000.000 de dólares de ganancia. Pero según Pacheco, el ente “incurrió en una grave irregularidad” al “contratar con una empresa privada sin el correspondiente llamado previo a procedimiento competitivo, tal como exigen las normas de contabilidad y administración financiera del Estado”.

En primer lugar, dice, el contrato debió firmarse desde el comienzo de la operativa de intermediación, en enero de 2010. Sobre la necesidad de haber abierto una licitación, Sendic alegó en su declaración que la ley habilita a ANCAP a participar en el exterior en operaciones petroleras, directamente o mediante asociación con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Pacheco responde que esa norma “no habilita al ente a otorgar sin licitación a una empresa extranjera un negocio millonario en dólares”, sin tener en cuenta las mencionadas normas, y que el rol de Trafigura no fue de “compra o venta de petróleo crudo o derivados”, sino de “trading”. Y señala que “si bien ANCAP obtuvo un beneficio económico, fueron abrumadoramente superiores los beneficios obtenidos por Trafigura”, y que con varias propuestas en una licitación se le podrían haber ofrecido al ente ganancias mayores. Por este caso, Pacheco solicita el procesamiento de Sendic y de los directores que aprobaron el contrato, Riet, Gómez y Amaro. Excluye a Daniel Camy, representante blanco, porque ingresó al directorio en julio y “si bien aprobó lo actuado” por Sendic, luego señaló irregularidades en la contratación y pidió que ANCAP se retirara de ese negocio.

La otra denuncia grave, según Pacheco, es la que refiere a la intervención de Exor al proponer una ingeniería financiera para que ANCAP saldara anticipadamente su deuda con PDVSA por compra de petróleo. Luego Exor fue excluida de la intermediación por decisión de PDVSA, reclamó una indemnización y llegó a un acuerdo con ANCAP.

Con ese acuerdo, dice el fiscal, ANCAP “también incurre en actos contrarios a las normas, pues se intentan corregir las irregularidades ya consumadas mediante la comisión de nuevas irregularidades: ANCAP se compromete nuevamente a otorgar exclusividad a Exor, sin llamado a licitación, y se obliga a pagar una multa millonaria en caso de que no se concretara la operación, resultando que nuevamente se desplaza a Exor de la operativa –aunque esta vez por responsabilidad exclusiva de ANCAP, ya no de PDVSA– y se realiza la cancelación sin su intervención. Incomprensiblemente, ANCAP pacta el pago de una millonaria ‘comisión’, una multa equivalente al 1,75% del total nominal de la deuda, sin saber a ciencia cierta si el Ejecutivo otorgaría los fondos necesarios para la segunda cancelación. El Poder Ejecutivo efectivamente resuelve realizar la cancelación de deuda mediante otro mecanismo, por lo cual ANCAP incumple la exclusividad que había pactado con Exor”. Esto obligaría al Estado a pagar una indemnización de 3.100.000 dólares a Exor, pero el gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas y no se cumplió, lo cual llevó a un juicio civil contra ANCAP, en curso, por 34.000.000 dólares.

En todo ese proceso, señala Pacheco, “se advierten múltiples, sucesivas y graves irregularidades”. “Exponer al ente a un juicio millonario en su contra, por la actuación irregular de los integrantes del Directorio, configura, en opinión de la fiscalía, una conducta arbitraria, carente de fundamento, y formal y sustancialmente contraria a las disposiciones que delimitan el ámbito funcional”, considera Pacheco, que responsabiliza a Sendic y a los integrantes del directorio que en diciembre de 2014 aprobó el acuerdo de servicios: Coya, Gómez y Riet. Juan Máspoli también firmó ese acuerdo como integrante del directorio, pero el fiscal señala que el hoy jerarca de la Corte Electoral no fue interrogado sobre este punto, por lo cual posterga su pronunciamiento hasta volver a citarlo. El fiscal “exculpa de responsabilidad” a la quinta integrante del directorio de ANCAP en ese momento, la nacionalista Elena Baldoira, porque “no aprueba el acuerdo sino que formula cuestionamientos al mismo y solicita contar con información financiera para pronunciarse”.

Cementos del Plata​

Otro capítulo profundiza en la gestión de Cementos del Plata, subsidiaria de ANCAP. Pacheco no advierte irregularidades en el proceso de construcción de la planta de cal en Treinta y Tres: atribuye el aumento de los costos (de 80.000.000 de dólares a 147) a “errores de cálculo e imprevisiones que quedan fuera del ámbito del derecho penal”, y considera que la producción de cal está dentro de los objetivos legítimos de ANCAP.

Tampoco reprocha que Cementos del Plata haya contratado directamente y sin licitación a la empresa Pleno Verde para llevar cal a Brasil, ya que la subsidiaria se rige por las normas del derecho privado, aunque piensa que habría sido mejor realizar “un procedimiento competitivo”. Sí cuestiona los adelantos de dinero que Cementos del Plata entregó a Pleno Verde “en vista de los escasos movimientos de transporte”, de 2010 a 2013 y registrados sólo con recibos. En 2017 se constató que en total hubo anticipos por 2.127.023 dólares, y se estableció un plazo para la devolución del dinero (del cual, hasta el momento, se reintegró sólo 20%). “Tales ‘anticipos’ o ‘adelantos’ o ‘préstamos encubiertos’ a una empresa privada, sin el respaldo documental correspondiente y sin el aval del Directorio de ANCAP, constituyen a criterio del Ministerio Público actos arbitrarios, cometidos en perjuicio de la Administración”, señala Pacheco para solicitar el procesamiento de Romero, gerente de la División Portland de ANCAP, “quien dispuso el otorgamiento de tales anticipos según admite plenamente”.

Ky Chororó​

ANCAP y la Armada firmaron en 2009 un contrato por la construcción de un remolcador y dos barcazas, a fin de transportar combustibles. El remolcador, entregado en 2013 y bautizado Ky Chororó, demoró más de dos años en ser puesto en funcionamiento. A su vez, hubo irregularidades en el arrendamiento de un remolque mientras no estaba pronto el Ky Chororó. La empresa Nautimill ganó una licitación con ese fin, y Kios, la otra empresa que se presentó al llamado, accionó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo reclamando la nulidad de la adjudicación. ANCAP le ofreció a Kios un nuevo contrato de transporte de combustibles por 500.000 dólares a cambio de que desistiera de la demanda. Eso no sucedió, el ente mantuvo el contrato con Nautimill y hubo una demanda de Kios por 320.000 dólares, que fue admitida. En la negociación sobre los requisitos de calado del remolcador hubo “una serie de acontecimientos que demuestran mala fe y abuso de funciones” por parte del jefe de Mantenimiento de la División Marítima de ANCAP, Eduardo Goldsztejn, y del jefe de Operaciones Marítimas, Ricardo Lemes.

Alur​

Pacheco no objeta la “absoluta dependencia” de la subsidiaria Alur respecto de ANCAP, y dice que los subsidios, capitalizaciones o condonaciones de deuda dispuestos por el ente son “decisiones empresariales y estratégicas”, cuestionables pero no delictivas. Tampoco halla delito en la modalidad de pago a los cañeros por parte de Alur, ni en la compra de un avión en 2012, por 390.000 dólares, aunque hace notar que fue usado para trasladar al entonces Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía de Argentina, Axel Kicillof, para que asistiera a un evento de la Fundación Propuesta Uruguay 2030, “que no tenía relación alguna con Alur ni con ANCAP”.

El fiscal sí registra conductas “presuntamente irregulares” en el proceso de construcción de la planta de bioetanol de Alur en Paysandú. En primer lugar, que el gerente de la empresa, Manuel González, firmara la “recepción provisional de la obra” en 2015, cuando la tasa de conversión de etanol a almidón garantizada por el contrato no se había logrado en el ensayo de funcionamiento. Ante esto, el contrato preveía que la empresa constructora costeara las correcciones correspondientes, pero en cambio la recepción de la obra causó el pago de un premio de un millón de dólares a la empresa, que debería haber sido multada. El perjuicio sumado para Alur, estima el fiscal, fue de 11 millones de dólares. Para Pacheco, la conducta del entonces gerente de Alur, luego separado del cargo, fue “presuntamente dolosa, ya que a través de los engaños y artificios señalados” indujo a error a Alur, “para procurar a un tercero –en este caso la contratista– un provecho injusto”. Como González no era funcionario público, el delito, a criterio de Pacheco, fue el de estafa.

Más sobre este tema: El fiscal Pacheco aseguró que, luego de levantar el secreto bancario, no se detectó “enriquecimiento patrimonial” de ninguno de los indagados | Amaro aseguró tener “una vida limpia” y no haber cometido “ninguna inmoralidad estando en ANCAP”