Hoy a las 19.00 el Consejo Federal de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) discutirá como único punto del orden del día su posición sobre el referéndum contra la Ley de Riego, que ya cuenta con el apoyo del PIT-CNT. De cara a la reunión, los gremios docentes de las distintas facultades discutieron el tema y en algunos casos fijaron postura. El escenario de mayor debate tuvo lugar en ADUR de Facultad de Agronomía (Fagro); por 13 votos contra diez, los docentes resolvieron apoyar el referéndum.

Esta postura de ADUR Agronomía generó discrepancias internas notorias. El ex decano de esa institución Fernando García Préchac, profesor del Departamento de Suelos y Aguas, escribió una carta a sus colegas, fechada el 8 de marzo, en la que pide que se reconsidere la decisión. En la misiva cuenta que él era decano de la facultad cuando se creó el Grupo para el Desarrollo del Riego, con participación de los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de las facultades de Agronomía e Ingeniería, y productores regantes. Este grupo fue el que generó los insumos que a la postre se convirtieron en el proyecto de ley de riego, aprobado por el Parlamento el año pasado. “Por lo tanto, al haber estado en el cargo principal de conducción de Fagro hasta 2014, cuando esta propuesta estaba muy avanzada y no recuerdo si hasta presentada, es obvia mi posición a favor de lo resuelto por el Parlamento”, señala el ex decano.

García Préchac destaca la relación fluida de los últimos años entre el MGAP y la Fagro, y el asesoramiento que esta institución brindó al gobierno, por ejemplo, en materia de planes de uso y manejo responsable de suelos. Resalta también que la nueva Ley de Riego fue aprobada por “amplísima mayoría” en el Parlamento y considera que los problemas ambientales sobre los que advierten algunos expertos de la Facultad de Ciencias podrían “atenderse” en la reglamentación de la ley. “Sin ahondar en detalles, estoy totalmente de acuerdo en actuar con la máxima prevención para evitar o mitigar efectos ambientales negativos, entre los que destaco, porque lo he planteado personalmente pero no he notado que lo hayan hecho otros, el mayor riesgo de erosión de los suelos que permanecen mayor proporción de tiempo con alto contenido de agua. Pero derogar lo aprobado por el Parlamento, asumiendo que dichos riesgos no son previsibles ni manejables, es algo en lo que estoy en total desacuerdo”, sostiene. Agrega que “aceptar esa objeción es negar la capacidad de la Agronomía y de mis colegas de realizarlo [la prevención y el manejo]”. “Significaría, además, que la implementación de cualquier tecnología de producción agropecuaria que afecte el ambiente (y casi diría desconocer alguna que no lo haga) no debe utilizarse. Como agrónomos es lo que forma Fagro, si se los forma contra la aplicación de tecnologías, la lectura que se hará sobre la postura de la Asamblea de ADUR en el medio agropecuario, tanto oficial como privado, es que los futuros agrónomos no estarán aptos para lo que siempre han hecho: dirigir y administrar sistemas de producción agropecuarios corrientes. Pero más específicamente, se entenderá que los docentes de la Facultad de Agronomía están contra la tecnología del riego”, advierte García Préchac. Considera además que es un momento “inoportuno” para que la resolución de ADUR Agronomía se haga pública, dada la situación de sequía que vive el país.

En cuanto a las objeciones vinculadas a la presunta inconstitucionalidad de la ley, el ex decano evalúa, “desde la aplicación del sentido común”, que la norma es constitucional. Sostiene que si se considera que las nuevas figuras de inversores y operadores que crea la norma implican una privatización del agua, también deberían verse como una privatización las actuales concesiones para uso privado de regantes. “Cuando un productor arrocero sin tierras ni agua arrienda a quien las posee, ¿no le paga en el arriendo por el agua, además de la tierra? Sí, lo hace. ¿Es esto privatización? Sí, lo es”, afirma.

Finalmente, García Préchac advierte sobre las consecuencias que tendrá para la Fagro esta posición de su gremio docente. “¿Es creíble una institución (con la salvedad de que ADUR no es Fagro, pero es su principal orden cogobernante) que durante casi diez años impulsa una propuesta frente al poder político y cuando este se la aprueba decide llamar a un referéndum para derogarla? Creo que esto se contesta solo. Los poderes públicos en el futuro no deberían volver a confiar en las propuestas ni en los asesoramientos de tal institución”, sentencia el ex decano.

Luego recuerda que el mercado de trabajo de los agrónomos es principalmente en el diseño, ejecución y gestión de sistemas de producción agropecuarios y su conexión en las cadenas agroindustriales. “Quienes los contratan mayoritariamente (productores, cooperativas, empresas en general) tienen como principal objetivo obtener un beneficio económico. Esos usuarios de los servicios agronómicos, explícita o implícitamente, se ocupan de los temas ambientales involucrados para viabilizar el negocio, cumpliendo con normativas oficiales, o con los requisitos de impacto ambiental que hagan los mercados de sus productos. Directamente, sólo les preocupa el ambiente si se sienten afectados en su salud o calidad de vida. En esta dirección de razonamiento, la resolución de ADUR será entendida como una pérdida del balance que debe existir en la formación de los agrónomos entre las tres patas de la sustentabilidad, dando privilegio a lo ambiental. Entonces, los agrónomos que forme la Fagro serán sospechados de este desbalance y pasarán a mirarse con mayor interés los que ya se forman en la institucionalidad universitaria privada”, cuestiona el ex decano. “Creo que, por tanta preocupación por la aparente privatización del agua, se estará favoreciendo la privatización de la formación de agrónomos y llevando a un plano secundario la importancia de Fagro-Udelar en la actividad propia a escala nacional”, añade. Finalmente, solicita a ADUR Agronomía que reconsidere su postura y, en cambio, exija participar en la reglamentación de la ley de Riego.