En estos días, las asociaciones de docentes universitarios de las distintas facultades discuten la posición que adoptarán ante la convocatoria a un referéndum para derogar la Ley de Riego, que ya tiene el apoyo del PIT-CNT. En ese marco, la Asociación de Docentes de la Facultad de Ingeniería maneja un insumo para la discusión elaborado por el ingeniero Rafael Terra, que concluye que la iniciativa de derogar la Ley de Riego es “infundada y contraproducente”. Además de este análisis, los docentes universitarios manejan el de la abogada Gianella Bardazano, que concluye que la citada norma es inconstitucional.

Terra sostiene que las modificaciones establecidas en la Ley de Riego aprobada el año pasado respecto de su antecesora de 1997 son “muy menores”. “La totalidad de los actuales permisos de uso de agua de dominio público a privados incorporan aspectos comerciales. Ya sea para el riego o para la industria, en particular las embotelladoras, el agua concesionada es un insumo de procesos productivos que deviene en un producto o servicio comercializable. La reforma constitucional de 2004 prohíbe la gestión privada solamente en servicios de agua potable y saneamiento y, por supuesto, obliga a que las concesiones de agua cumplan las condiciones planteadas por las autoridades de agua y ambiente”, sostiene el ingeniero.

Agrega que la ley aprobada prevé la realización de evaluaciones de impacto ambiental y contempla “la necesidad de cuidar la calidad del agua en los embalses”. “Claramente, se abren preguntas sobre cómo reglamentar, instrumentar y controlar mejor esta ley para lograr los objetivos enumerados de protección ambiental, reconociendo que la legislación es apenas el primer paso. Hay que seguir investigando los sistemas biofísicos, buscando soluciones tecnológicas y transitando el camino –muy reciente en Uruguay– hacia una gestión flexible, adaptativa y participativa de los recursos hídricos y el ambiente en general”, señala Terra. Reconoce que “los embalses obviamente modifican el ambiente y se debe considerar este impacto”, pero llama también a “ponderar los beneficios, no sólo los directos de aumento en la producción –motivación primaria para su construcción–, sino incluso a las posibilidades que agrega a la regulación hídrica y gestión de la variabilidad hidro-climática”. Sostiene que la nueva Ley de Riego “representa una mejora significativa en las precauciones ambientales respecto a los embalses que promueve, en comparación con los existentes”, que “cuentan hoy con una normativa menos estricta y moderna”.

Terra concluye que “no le hace bien” a la asociación de docentes de Ingeniería “apoyar una iniciativa de esta seriedad faltos de fundamento”. “Constituye además un error estratégico contraproducente al esfuerzo que el país y muchos de nuestros docentes vienen haciendo por velar por la calidad de nuestras aguas y nuestro ambiente. Nos distrae de los problemas reales que como país estamos enfrentando en esta área. Más aun, algunas de las modificaciones que plantea la nueva ley representan oportunidades auspiciosas para mejorar la gestión de nuestros recursos naturales que deberíamos aprovechar, continuando con la larga tradición de diversos grupos docentes de contribuir con el país, la administración y la sociedad civil en estos temas”, opina el ingeniero.