“Que en Uruguay falte el agua en enero y febrero no es novedad”, estableció el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech, ayer, en la conferencia de prensa en la que anunció la declaración de emergencia agropecuaria por déficit hídrico para productores familiares afectados. La medida supondrá la entrega de ración durante tres meses a partir de abril, y se estima que podrá llegar a hasta unos 2.900 productores, que devolverán la ayuda en condiciones crediticias “muy blandas”.

Ayer, el director general de Desarrollo Rural del MGAP, José Olascuaga, anunció que en base a información de técnicos de las Mesas de Desarrollo Rural y a “índices científicos sobre el agua disponible en suelo, el crecimiento de la vegetación y de la anomalía del crecimiento de la pastura”, el lunes se declararon afectadas la ganadería vacuna de cría y la lechería.

La emergencia agropecuaria se definió conceptualmente en la Rendición de Cuentas de 2008 como aquella “derivada de eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos” que afecten “decisivamente la viabilidad de los productores de una región o rubro”. Desde entonces, fue determinada en cuatro oportunidades: 2009, 2011, 2015 y 2016. Este año, a diferencia de los anteriores, no se estableció por departamento, sino por seccionales policiales. Así, en esta ocasión se sentenció la emergencia por un plazo de 90 días en los rubros de ganadería y lechería para productores familiares de todo Artigas, Salto, Tacuarembó, Durazno y gran parte de Río Negro, Paysandú y Rivera. Olascuaga explicó que el cambio de criterio obedeció a la búsqueda de “objetivos científicos e informes técnicos” que permitieran a la cartera “ser específicos y precisos”, y “responsables con los fondos públicos”.

Esto se debe a que el decreto reglamentario de la Rendición de Cuentas de 2008 definió que la declaración de emergencia agropecuaria habilitaría el uso del Fondo Agropecuario de Emergencia con destino a atender las pérdidas en las materias involucradas en la actividad productiva de los establecimientos afectados, sea mediante apoyo financiero, infraestructuras productivas o insumos que contribuyan a recuperar las capacidades perdidas como resultado del evento. En este caso, se apoyará a los productores con dos kilos de cáscara de soja a granel por unidad ganadera y por día, con un tope máximo de una unidad ganadera por hectárea, explicó el director de Descentralización del MGAP, Ricardo Texeira. Dijo que en un principio se trabajará con los directores departamentales de la cartera y los técnicos de las Mesas de Desarrollo Rural para “definir con las organizaciones y grupos de productores participantes” a qué productores, que deberán comunicarse antes del 16 de marzo, les corresponde la ayuda.

La soja será entregada en los primeros diez días de abril, mayo y junio. “Lleva tiempo porque primero tenemos que relevar la demanda, que está dispersa; también tenemos que comprar [la ración], con su respectivo llamado a precios, estudio de ofertas y asignación a cada uno la cantidad que corresponda en función de lo ofertado”, explicó Texeira. Asimismo, se chequeará en el Registro de Productores Familiares su estado de deuda con el ministerio, ya que si existe alguna mora, no podrán acceder al beneficio.

Por su parte, Benech acotó que los impagos se han reducido sostenidamente en los últimos años: en la emergencia de 2009, 42% de los productores no devolvieron al Fondo; en 2011 fueron 31% los que no lo hicieron; en 2015, 13%, y en 2016, 6%. Aun así, advirtió que “muchos de los que deben no son [productores] familiares” y, consultado respecto de la situación de los lecheros, dijo que “recibieron dos prórrogas”. Asimismo, sostuvo que a los que estén en situación de deuda “les pedimos que paguen para que rápidamente podamos incluirlos”. “La intención es no dejar a nadie afuera”, agregó.

Los productores que así lo deseen accederán a un crédito blando, en pesos y con vencimiento a largo plazo, que será administrado por República Microfinanzas. Tendrán dos cuotas: la primera vencerá el 10 de julio de 2019 con la mitad de lo adeudado a pagar sin intereses, y 12 meses después vencerá la segunda.

El ministro expresó que “ojalá no tuviéramos que pasar por esta instancia”, pero, dijo, “no llovió y tenemos problemas”. Resaltó asimismo que se trata de “la realidad del país”, que “no es nueva”. También destacó que “no toda la gente” de las zonas incluidas en la declaración de emergencia está con dificultades, pero situaciones de este tipo precisan “respuestas rápidas y sencillas”. “El déficit de agua no es parejo en el país: hay zonas en las que no llovió nada, mientras que en otras [llovió] 60, 70 milímetros. No significa que seamos justos con todo el mundo, pero de alguna forma hay que poner los límites”, explicó.