El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, convocará a jerarcas de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para que expliquen las acusaciones cruzadas entre estos distintos actores respecto de varios casos policiales. “Se echan las culpas recíprocamente y en forma pública de graves errores o descuidos en diferentes casos”, dijo.

Mieres explicó a la diaria que las acusaciones entre “fiscales, jueces y policías sobre responsabilidades diversas en los procedimientos deben tramitarse de otra manera, porque generan una situación de preocupación en la ciudadanía por la inseguridad. Dan la idea de que los procedimientos se realizan mal, con desidia u omisiones”. El senador sostuvo que la discusión se debe dar a nivel institucional, no en los medios: “Lo que está faltando es un ámbito de intercambio, coordinación y análisis”. Consideró que las críticas que se hacen en los medios “hacen mucho daño a la imagen de las instituciones”. “Un día sale una fiscal a decir que la Policía no actuó de determinada manera, después la Policía dice que los fiscales se tomaron licencia. Me parece que es de cajón que tenemos que conversar. El sentido [de la convocatoria] no es criticar a tal o cual, sino coordinar para ver lo que está pasando”, sostuvo.

Sobre los delitos, dijo que vienen aumentando desde fines de 2017, lo que “genera nerviosismo en los operadores por la presión de la opinión pública”. Aseguró que la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) produjo cambios en los roles de cada uno de los actores que puede haber generado “inexperiencias y errores”.

Desde la puesta en marcha del nuevo CPP, el 1º de noviembre de 2017, varios casos policiales generaron acusaciones cruzadas. El que tuvo mayor repercusión fue el de Christian Pastorino, apodado Kiki. Después de que Pastorino asesinara a una cajera de un supermercado en La Blanqueada el 17 de febrero, la fiscal Diana Salvo dijo que era “raro” que la Policía no lo hubiese encontrado antes, ya que ella había ordenado cinco allanamientos porque este prófugo además había ultimado a su pareja. Pero la Policía aseguró que, el 11 de febrero, la fiscal no había aprobado un procedimiento porque era carnaval y estaba de licencia. En declaraciones a El Observador, la magistrada aseguró: “¡Eso es mentira, una infamia y una campaña de enchastre que demuestra que la Policía tiene cola de paja!”.