Ante la próxima ronda de Consejos de Salarios –que además será la más abarcativa de la historia del país–, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT elaboró un documento llamado “Trabajo y salarios”, en el que propone algunos elementos de debate y directrices para la negociación de ajustes salariales. Los analistas cuestionan la capacidad del modelo primario para potenciar el desarrollo económico futuro y proponen “un nuevo modelo de desarrollo productivo que integre políticas activas de competitividad”, ya que estas constituyen “el marco que necesita la política salarial y de empleo para potenciarse”. Si bien no están vinculadas directamente a la política salarial, el instituto resalta la importancia de las políticas públicas en el entendido de que estas “afectan la evolución y determinación” de las remuneraciones, y destacan, en particular, seis puntos a atender.

En primer lugar, se sugiere la revisión de la actual Ley de Promoción de Inversiones, para priorizar “sectores de actividad con mayor valor agregado e impacto sobre el empleo”, en especial los que son “estratégicos para el país”. También se busca aumentar de 25% a 30% el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) en forma “progresional” y utilizar este incremento para un “fondo de subsidios para aquellos que agreguen mayor valor agregado”, priorizando la creación de “empleos de calidad”, en el entendido de que la asistencia del Estado debería incluirse en la ecuación.

Desde una perspectiva más amplia, los analistas proponen fomentar las “políticas de articulación” en las cadenas productivas nacionales y regionales y, al mismo tiempo, “agrupar sectores de actividad en los que se pueden identificar acciones comunes” en términos de recursos humanos, proveedores, logística, distribución y diseño, entre otros, para “mejorar en escala y productividad”.

También llaman a alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto que, a principios de este período, el gobierno se comprometió a invertir en investigación y desarrollo, y proponen crear un “Fondo de Investigación y Desarrollo” para financiar proyectos “innovadores”.

Otra de las sugerencias refiere a las compras públicas, con la propuesta de aumentar “de manera sustantiva” el diferencial para los proveedores con componentes nacionales, con prioridad para aquellos que tengan mayor impacto en el empleo nacional y local. En esta línea, también se sugiere fomentar los proyectos productivos asociativos, sean por medio de cooperativismo, autogestión o “todo aquello que involucre la participación colectiva creadora”.

En cuanto a la política salarial –que consideran la “herramienta fundamental”–, proponen pensar integralmente el concepto de salario. “Es indudablemente un costo de producción y, por lo tanto, existe una contraposición salario-rentabilidad que no se puede negar, pero también es el ingreso y medio de vida de quienes viven de su trabajo como asalariados o trabajadores dependientes”, afirma el documento.

El instituto propone la fijación de criterios normativos para determinar la evolución del salario mínimo nacional; en particular, vincularlo a la canasta básica de alimentos, de manera que constituya la “media línea de pobreza”. Los cálculos indican que según esta propuesta el salario mínimo debería ascender a 16.500 pesos este año.

Sobre los lineamientos para los ajustes salariales, y ante las fluctuaciones inflacionarias, se sostiene que el “único mecanismo genuino” para preservar el poder adquisitivo es la vuelta a un sistema de indexación salarial. También se llama a considerar las “inequidades” salariales a nivel sectorial en cada una de las mesas de negociación y, por último, incorporar indicadores de productividad –“o, en su defecto, de desempeño sectorial”–.

Además de los ajustes salariales, el texto sugiere, ante el avance tecnológico y el aumento de productividad que trae aparejado, reducir la jornada de trabajo, implementar políticas activas de empleo para sectores vulnerables como “la población afro, la [población]con discapacidad y en general las que viven en hogares de mayor pobreza” y destinar fondos sociales como “una buena forma de incorporar beneficios en forma indirecta para mejorar la calidad de vida”. También recomienda la “construcción de guarderías para los hijos de trabajadoras en zonas de alta densidad poblacional” mediante financiamiento conjunto y, cuando esto no sea posible, por medio de “partidas específicas” para ese fin, además de “generalizar las salas de lactancia en las empresas”.