Con las barras llenas, ayer a las 16.00 había empezado la que sería una larga sesión –que terminó al cierre de esta edición– de la Cámara de Representantes, en la que se trató el proyecto de ley “Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública”, presentado hace dos años y medio por el diputado de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio. El proyecto es apoyado por toda la oposición, y la expectativa estaba centrada en qué haría Darío Pérez, diputado del Frente Amplio, que ya había expresado su respaldo a la iniciativa y cuyo voto anoche determinó que fuera aprobada y pasara al Senado.
Al inicio, Rubio destacó que “el principal objetivo del proyecto es la construcción de viviendas dignas, de calidad y duraderas, por parte del Estado, para los trabajadores que tienen como ingreso familiar entre un salario mínimo y 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones, que no cuentan con capacidad de ahorro”, y agregó que la intención es “recuperar” el rol del Estado que está en el espíritu de la Ley 13.728 [Plan Nacional de Viviendas], de 1968, que “hizo historia en Uruguay”.
El texto, de 30 artículos, establece entre otras cosas que las viviendas serán construidas por la Agencia Nacional de Vivienda, la que podrá licitar la edificación entre empresas “que deberán emplear mano de obra y materiales preferentemente nacionales”. Rubio alegó que propone la construcción tradicional con mano de obra local porque en Uruguay hay “ladrilleros, areneros y la planta de pórtland de ANCAP” y se puede “aportar a mitigar los problemas de desocupación que en la industria de la construcción golpean duramente”. También destacó que su proyecto vincula la cuota de acceso a la vivienda con la capacidad de pago (10% de los ingresos hasta cubrir el valor de la vivienda). En caso de que luego de cumplido un plazo de 25 años no se llegue a amortizar su valor, el texto establece que “se tendrá por pagada la vivienda, corriendo por cuenta del Estado el saldo restante”.
El diputado de UP indicó que el proyecto tuvo varias modificaciones en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, y que una de las más importantes fue la del artículo 5, que establecía que el presupuesto para la ejecución del Plan Nacional de Vivienda Popular “será el equivalente al 1% de Producto Bruto Interno (PBI), tomándose como referencia el ejercicio anterior”, ya que desde el Departamento Jurídico de la Cámara de Diputados le señalaron que eso era inconstitucional, porque “el Parlamento no le puede fijar al Poder Ejecutivo cuánto tiene que gastar ni de dónde”. Por lo tanto, sobre la financiación del proyecto, Rubio dijo que “habrá que pelear para incrementar el presupuesto de vivienda”, a fin de que se adjudique “a cada uno de los planes vigentes”.
Luego tomó la palabra el diputado frenteamplista Edgardo Rodríguez, integrante de la comisión que estudió el proyecto, quien lo desmenuzó detalladamente para señalar puntos débiles. Subrayó la inconstitucionalidad antedicha y destacó que el artículo modificado sólo plantea que el Poder Ejecutivo “asignará el presupuesto necesario para la ejecución y prosecución de Plan Nacional de Vivienda Popular”. Agregó que el proyecto “no es claro” en su articulación con las leyes relativas a la vivienda que ya existen, y ejemplificó con el artículo 6, que crea el Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, cuando desde 1968 existe el Fondo Nacional de Vivienda. Comentó que “cambiar su nombre sólo lleva a confusión”. No obstante, Rodríguez señaló que ese es un aspecto formal que se podría mejorar cambiando la redacción, y que hay “aspectos más graves”, como que el fondo que se propone se destine “únicamente a la construcción”, dejando de lado “una enorme cantidad de acciones” que se llevan a cabo actualmente, como “reformas, ampliaciones, reciclajes, compras de viviendas usadas”, etcétera. “Dejar establecido por ley que los recursos del Estado vayan solamente para la construcción de viviendas es empobrecer terriblemente las opciones para dar respuesta a las necesidades de la población, y una forma de terminar favoreciendo a las grandes empresas constructoras”, afirmó.
Por último, el diputado oficialista apuntó que es confuso el artículo 9, en el que se establece que “el Estado suministrará los materiales básicos al menor costo posible y se encargará de realizar las importaciones de los materiales necesarios fijando el precio en el mercado nacional”, y que su cumplimiento requeriría “una amplia burocracia estatal”. “Se habló de los ladrilleros y de ANCAP, pero en la construcción se utilizan muchas otras cosas. Yo quiero ver cómo sería la cosa. De ahí a la corrupción hay un pequeño paso”, subrayó Rodríguez.
“¿O sea que le tenemos miedo a la corrupción antes de empezar?”, fue la pregunta que lanzó el diputado blanco Juan Andrés Arocena (también integrante de la comisión que trató el proyecto), y dijo que si es así “Uruguay está realmente complicado”. “La corrupción está en todos lados en la medida en que no le pongamos frenos, pero no votar [el proyecto] por miedo a la corrupción sería flojo”, agregó. Por su parte, el también nacionalista José Yurramendi dijo que “el financiamiento se logra buscándolo”, como en una familia: “Yo administraría mejor y no le daría a un hijo para que despilfarre en empresas publicas”, sentenció.
Pasadas casi cuatro horas de iniciada la sesión, llegó el turno de Darío Pérez. “Ser de izquierda significa, entre otras cosas, cuestionar al sistema, mostrar verdades ocultas y no aceptar lo establecido si no es capaz de generar justicia”, dijo, y agregó que apoya este proyecto para “poner el tema arriba de la mesa” y que “todo el sistema político” sea consciente del problema de la vivienda, que afecta a “miles de uruguayos”. “Por supuesto que esto va a traerme consecuencias políticas, pero a esta altura del campeonato, ni me va ni me viene”, avisó.
