Suprema Corte de Justicia disolvió el Grupo de Trabajo en Políticas de Género que capacitaba a funcionarios del Poder Judicial

Desde 2011 el Poder Judicial tenía un ámbito especializado en políticas de género. Aquel año se creó una unidad ejecutora para participar en el Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con apoyo institucional de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Además del Poder Judicial, participaban en el programa el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social.

En febrero de 2016 el programa concluyó, pero la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió en setiembre de ese año mantener el trabajo de la unidad ejecutora, que pasó a llamarse “Grupo de trabajo de políticas de género”.

En un año y medio el grupo implementó un plan de sensibilización en perspectiva de género, trata de personas y violencia doméstica que capacitó al 80% de los magistrados y defensores públicos de Montevideo y al 25% de los funcionarios administrativos del Poder Judicial. Según explicó a la diaria la coordinadora del grupo, Carolina Padrón, la idea era llegar al 100% de magistrados, defensores y funcionarios. Sin embargo, el 2 de marzo le pidieron a Padrón notificarse de una resolución de la SCJ, con fecha del 28 de febrero, que disolvía el programa. La coordinadora intentó comunicarse con su superior –el secretario letrado de la SCJ, Gustavo Nicastro– antes de firmar la notificación para conocer las razones de la decisión, pero le informaron que recién la recibirán el próximo lunes. “Todavía no tengo mucha información sobre qué va a pasar y cuáles fueron exactamente los motivos, porque fue de un momento para el otro y no se nos comunicó. Nos enviaron la resolución por mail”, señaló Padrón.

El grupo estaba desarrollando un convenio con el servicio de bienestar universitario para capacitación en género –“no se sabe qué va a pasar con eso”, acotó Padrón–. Desde mayo de 2017 trabajaba también junto a Eurosocial (Programa para la Cohesión Social en América Latina de la Unión Europea) para crear un observatorio sobre justicia y género, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, cooperación que la resolución de la SCJ deja sin efecto.

Otra tarea que realizó el grupo de trabajo fue la elaboración de un protocolo de valoración de riesgo para los equipos técnicos de los juzgados de familia.

En el grupo trabajaban tres funcionarias presupuestadas que ahora serán trasladadas a otras dependencias del Poder Judicial, por lo que el factor económico no pesó en la decisión.

Las razones de la SCJ se exponen en la resolución, en la que las autoridades judiciales sostienen que algunos de los objetivos que se le asignaron al grupo “ya se cumplieron” y que otros “quedaron sin objeto”.

Se menciona que a partir del 1° de febrero la SCJ resolvió conformar la Comisión para la implantación de la nueva ley de violencia basada en género, integrada por jerarcas de la Dirección General del Poder Judicial, ministros de los Tribunales de Apelaciones, una jueza de un Tribunal de Familia y un representante de Defensores Públicos.

Se sostiene que la nueva ley integral contra la violencia basada en género crea un observatorio que tiene, entre otros cometidos, evaluar el impacto de las políticas públicas y sistematizar información en materia de género, además de “realizar estudios sobre el buen cumplimiento de la ley en el ámbito administrativo y judicial”. El Poder Judicial no integra el observatorio, pero la corporación entiende de todos modos que “ha quedado sin objeto la participación del Poder Judicial en el Programa Eurosocial relacionado con la creación de un observatorio en materia de violencia doméstica”.

En cuanto a la capacitación en perspectiva de género, la SCJ se limita a señalar que la cumplirán los organismos con los que cuenta el Poder Judicial actualmente, que son el Centro de Estudios Judiciales para capacitar a jueces y defensores públicos, y el Sector Capacitación, encargado de la formación de funcionarios, técnicos y actuarios.

“Las razones [de la disolución del programa] no las tengo claras. No había un costo mayor al pago de sueldos de quienes trabajábamos acá, que somos todas funcionarias presupuestadas. No sabemos tampoco a qué otro lugar la Corte va a determinar que vayamos. No sabemos nada”, resumió Padrón.