El presidente Tabaré Vázquez resolvió ayer rescindir el contrato que firmó en 2015 por el que su consuegro Enrique Daniel Estévez –padre de la esposa de su hijo Álvaro Vázquez– se integró al equipo de seguridad presidencial como chofer. Lo hizo después de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) le respondiera una consulta que el propio Vázquez elevó al organismo. La Jutep señala, en el informe remitido a Vázquez, que “no existe ningún impedimento constitucional, legal o reglamentario” para que contrate a Estévez, ya que “no se verifica la existencia de un vínculo de parentesco dentro del segundo grado de afinidad. En realidad es unánimemente reconocido que entre consuegros no existe grado alguno de parentesco en virtud de que los parientes de cada cónyuge no adquieren parentesco legal con los parientes del otro”.

De todas formas, el directorio de la Jutep entiende que “no es conveniente que se mantenga el vínculo laboral actual con el Sr. Estévez por considerar ‘la sensibilidad existente en la ciudadanía en estos temas y la conveniencia de que el compromiso con la transparencia del Sr. presidente quede evidenciado sin ningún tipo de dudas’”, menciona la resolución por la que Vázquez rescinde el contrato con el chofer. A su vez, la Jutep advirtió también que el Decreto 30/003, reglamentario de la Ley 17.060, que se aplica en estos casos, hace referencia a “evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las Normas de Conducta de la Función Pública”. De ahí que Vázquez resuelve que, “sin perjuicio de no haberse infringido norma jurídica alguna, ni haberse advertido por parte de la Jutep cuestionamiento ético, en virtud de la insistencia de dicho organismo en que cese el vínculo laboral, se decidirá la rescisión del contrato”.

La resolución también recuerda que la Jutep reconoció a Vázquez “por su ejemplar actitud de someter a consideración de esta junta un tema que hace a la ética y la transparencia”. Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Jutep, destacó, en diálogo con la diaria, que la de Vázquez no fue la única consulta que llegó al organismo en los últimos meses, sino que fueron “cuatro o cinco”. Señaló que en todos los casos la potestad de la Jutep se limita a recabar datos sobre la situación y elaborar un informe, eventualmente con sugerencias, que se remite a quien lo pidió.