De acuerdo con los datos proporcionados por el Censo 2011 y su posterior análisis, la participación educativa de las personas en situación de discapacidad es inferior a la de las personas sin limitaciones. Asimismo, esta disminuye drásticamente en los niveles superiores de instrucción, y es un punto de quiebre el límite etario máximo de primaria (15 años). Esto es así porque en este nivel han existido políticas específicas que, más allá de debates y vaivenes, han colocado la mirada en estas situaciones.

La participación de personas en situación de discapacidad en la universidad es aún más reducida que en los otros niveles. Según el censo de estudiantes de 2012, 1,3% de los estudiantes universitarios estarían en situación de discapacidad. De ellos, la mayor prevalencia (21%) corresponde a la ceguera parcial, seguida por la discapacidad motriz y la sordera parcial. Por otra parte, 37,8% de las personas que se identifican en una situación de discapacidad, al momento de definir qué tipo de discapacidad presentan no se incluyen en las tipologías sordera, discapacidad motriz o ceguera.

La realidad descrita ha motivado que desde la Unidad de Asesoramiento y Evaluación (UAE), junto con el Grupo de Estudios sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (Udelar) y la fundación Bensadoun Laurent (organización sin fines de lucro que trabaja en pos de la inclusión social de las personas en situación de discapacidad), se desarrollen espacios de reflexión e intercambio que propicien estrategias de abordaje a estudiantes de la Udelar en situación de discapacidad.

La educación inclusiva garantiza la enseñanza y potencia aprendizajes a todo el estudiantado, más allá de las condiciones individuales, mediante el respeto a las diferencias y el reconocimiento de la diversidad de las poblaciones estudiantiles.

Se promueve el derecho de todas las personas, por su sola condición de tal, de acceder a la educación y configurar una trayectoria educativa que potencie y respete su singularidad. La inclusión en el ámbito educativo (hoy hablamos de discapacidad, pero no sólo a ello nos referimos) fortalece los procesos de democratización de la educación pública y, particularmente en este caso, democratiza el acceso a la Udelar. La Udelar (así como el resto de los espacios educativos) no puede permitirse perderse personas con mucho potencial, muchos “talentos”. Ese “perderse” está sostenido por mitos en torno a la discapacidad que parten de un “no puede”, creencias de que las adaptaciones o ajustes razonables son muy costosos, etcétera.

El derecho a la educación está plasmado en distintas normativas, como el artículo 8º de la Ley General de Educación (18.437) y el artículo 40 de la Ley de Protección Integral para las Personas con Discapacidad (18.651), y en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Uruguay ratificó en 2008.

Los marcos normativos habilitan y potencian las estrategias de inclusión, la construcción y posterior presentación en marzo de 2017 del Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en centros educativos, realizado por la Comisión Honoraria para la Continuidad Educativa y Socioprofesional del Ministerio de Educación y Cultura, espacio integrado por varios actores de la educación nacional y que ha dado un conjunto de pautas, herramientas y estrategias concretas que fortalecen los procesos de inclusión existentes.

Desde 2007, la FCS ha generado espacios y estrategias de inclusión para personas en situación de discapacidad. A partir de 2016, mediante la organización de las Jornadas de Educación Inclusiva, se ha propuesto reflexionar e intercambiar sobre los desafíos que se presentan en la Udelar a la hora de la inclusión y la democratización de la enseñanza. En ese marco, el 29 de mayo tendrá lugar la III Jornada sobre Educación Inclusiva, que se centrará en la temática “Estrategias de abordaje para estudiantes en situación de discapacidad”.

La construcción colectiva de estos espacios implica intercambiar no sólo sobre posibles enfoques, sino también en términos concretos de inclusión: cuáles son las adecuaciones, los ajustes razonables, las estrategias construidas para diversos perfiles estudiantiles, deconstruyendo colectivamente el perfil ideal homogéneo de estudiante. En la línea de la generación de aportes, tanto para los espacios institucionales como para el aula, se debe trabajar teniendo en cuenta la comunicación (lengua de señas) y la incorporación de formatos digitales accesibles, apoyos tecnológicos, recursos para la adaptación de materiales y diseños curriculares que tengan presente la heterogeneidad del estudiantado.

La realidad demuestra que existe una distancia entre los planos normativos/discursivos y la práctica concreta. Es necesario, entonces, permitirse repensar estrategias didácticas y metodológicas que hasta el momento han sido bastante homogéneas y estandarizadas, y redescubrir otras formas posibles que permitan a muchas personas ampliar su horizonte de posibilidades mediante la educación como emancipación, y así evitar prefijar destinos. Esto implica sortear limitaciones impuestas acerca de los diversos ejercicios profesionales, habilitando distintas formas de práctica profesional.

Es clara la necesidad de repensar la educación inclusiva como política de Estado y comenzar a interpelar al statu quo y las prácticas educativas establecidas y arraigadas histórica y culturalmente.

María Ortega es licenciada en Trabajo Social (Udelar) y referente del Espacio de Inclusión Educativa de la UAE (FCS, Udelar). Lucía Sánchez es licenciada en Trabajo Social con especialización en intervención familiar, encargada de Inclusión y Sensibilización de la fundación Bensadoun Laurent.