La semana pasada se conoció el fallo judicial por el caso de cuatro trabajadores de una estación de servicio que ataron y golpearon a un compañero afrodescendiente con una discapacidad intelectual, mientras se burlaban de él por su raza y su religión. La fiscal del caso, Mirtha Morales, solicitó cuatro meses de prisión para los agresores, pero luego de una negociación con la defensa, aceptó que cumplieran la pena en régimen de libertad vigilada para “no someterlos al escarnio público”. Un colega de Morales aseguró que el pedido de la Fiscalía lo “emocionó”, ya que “no es común en el Poder Judicial ver a una persona tan humanista, tan considerada, y con una sensibilidad tan grande hacia las personas que cometieron un leve desliz”. Pero el fallo de la Justicia recibió algunas críticas por parte de organizaciones de afrodescendientes, que lo consideraron demasiado leve. Ante esto, la fiscal y el juez habrían acordado revisar la condena. “Lo más probable es que cambiemos la libertad vigilada por una condena de reclusión, que se haría efectiva en la ciudad de Punta del Este. Concretamente, vamos a encerrarlos en un hotel cinco estrellas para que reflexionen”, adelantó una fuente de la Fiscalía. De todas maneras, el funcionario consultado reconoció que “hay que esperar la opinión de la defensa. A lo mejor decidimos que la pena se cumpla en Martinica, Punta Cana o algún otro destino paradisíaco en el que puedan sentir el rigor de la ley en los casos de agresiones racistas”.