Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Una cosa son las premisas ideológicas y otra, muy distinta, el manejo de situaciones concretas desde el gobierno. Además, los acuerdos generales de la “coalición multicolor” tienen sus límites, y más allá de ellos hay una considerable diversidad. Todo esto tiene que ver con los forcejeos dentro del oficialismo con relación al mercado de los combustibles.

Parte del actual gobierno nacional mantiene el relato que agitó desde la oposición: los precios de los combustibles (y en especial el del gasoil) son una carga que se le impone al país productivo para financiar otros gastos estatales, y esta injusticia se corregiría si hubiera libre importación. Sin acuerdo oficialista para quitarle a ANCAP su monopolio en la materia, se dispuso que esos precios tengan como referencia los cálculos de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua sobre lo que pasaría en un mercado abierto.

El problema es que esos cálculos son cuestionados por las autoridades de ANCAP, que les atribuyen “errores conceptuales y cuantitativos”.

Por otra parte, en el incipiente debate sobre la reforma de la seguridad social, una de las posiciones más difundidas en los medios de comunicación es que resultará inevitable aumentar las edades de retiro. Esto se suele fundamentar alegando que el promedio de la expectativa de vida viene en aumento, que por lo tanto la gente cobra jubilaciones y pensiones durante más años, y que así se compromete la viabilidad del sistema. La premisa puede parecer convincente, pero los técnicos que representan al PIT-CNT en el debate señalaron aquello de que “en los promedios se ahogan los petisos”.

La cuestión es que la expectativa de vida aumenta, pero no tanto para las personas de los sectores sociales más vulnerables, entre otras cosas porque suelen desempeñar tareas más duras. En consecuencia, un aumento generalizado de la edad mínima jubilatoria beneficiaría más a quienes ya están mejor.

La controvertida participación de Isaac Alfie en el juicio de Aratirí contra el Estado uruguayo se basó en la premisa de que la empresa transnacional pudo haber recibido beneficios fiscales que el Poder Ejecutivo decidió no otorgarle (y así fortaleció la posición de los demandantes). Sin embargo, ayer se difundió en el programa No toquen nada, de FM Del Sol, que en 2015 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) rechazó por unanimidad la posición de Aratirí, y reconoció que el Ejecutivo tiene discrecionalidad en la materia.

El problema es que Alfie omitió este antecedente cuando presentó su informe en el juicio internacional al que fue convocado como experto por los abogados de Aratirí, e incluso alegó que desconocía la sentencia del TCA.

Por último, no hay premisa, cálculo ni jurisprudencia que ayude a entender las intenciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien afirmó que le gustaría mucho continuar su trayectoria política en el Partido Colorado, después de haber sido nacionalista y frenteamplista. Varios dirigentes colorados expresaron su escaso entusiasmo, y quizá sería hora de que Cabildo Abierto señalara de antemano si le interesa el pase.

Hasta mañana.