Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

“No hay lugar en el Partido Nacional [PN] para gente de este tipo. Por más que duela. No hay lugar”. Eso dijo, el 18 de octubre del año pasado, Beatriz Argimón, cuando estalló el escándalo por la difusión de pasajes de una conversación en la que Carlos Moreira, intendente de Colonia, daba a entender en forma cruda que estaba dispuesto a renovar una pasantía en el gobierno departamental a cambio de relaciones sexuales.

En aquel momento, cuando faltaba poco más de una semana para las elecciones nacionales, el PN estaba dispuesto a decidir la expulsión de Moreira para reducir daños, y el intendente se adelantó a presentarle su renuncia. Pero ahora su agrupación coloniense se dispone a proclamarlo como candidato a la reelección por el PN, en la reunión de la Convención Departamental que se realizará hoy, y el directorio nacionalista va a “respetar” la decisión local.

Es llamativo que se hable de respeto, porque eso es lo que ha faltado en esta historia. Respeto a las personas que aspiran a la oportunidad laboral de una pasantía, a la palabra de la presidenta del directorio del PN y vicepresidenta electa, al propio PN y al resto del sistema partidario, a la ciudadanía de Colonia y a la del resto del país. Respeto –por último, pero no con menor importancia– al criterio de que no todo vale para sumar los votos con que cuenta, sin duda, Moreira.

Los partidos no son –y más vale que no pretendan ser– la medida de la ética: surgen de la sociedad, y en ellos hay, por lo general, todo tipo de gente (salvo cuando se trata de fuerzas políticas muy pequeñas o muy desarraigadas de su entorno). Otra cosa es cómo manejan los problemas éticos, y no estaría de más que en eso sí trataran de dar buenos ejemplos. Sobre todo si tenemos en cuenta que, en las noticias de un solo fin de semana, se suman dos atrocidades que indican problemas graves de respeto a la vida y la convivencia (que, por supuesto, llevan ya muchos años y no se limitan a estas noticias).

En Pando, un grupo de más de diez personas persiguió y asesinó a un cuidacoches de 39 años; en Soriano, un gurí de 15 murió electrocutado porque el dueño de un predio rural había conectado a 220 voltios un cerco para proteger sus papas, sus semillas y sus animales.

Hay quienes, como el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, piensan que a “la crisis de valores” en la sociedad se le puede hacer frente con más escuelas militares. Otros, como el intendente de Maldonado, Enrique Antía, no se proponen erradicar prácticas peligrosas como la de correr “picadas”, sino que asumen su existencia como un dato de la realidad, y tratan de encauzarlas hacia un entorno controlado, en una pista construida por el gobierno departamental.

En todo caso, es un síntoma revelador que, en este período previo a la asunción de un nuevo gobierno nacional, haya quienes se movilizan para que deje de existir el Fondo de Solidaridad (que les cobra a los egresados de la educación terciaria para becar a estudiantes del mismo nivel). La propuesta es sustituir ese sistema por uno de préstamos bancarios, y aquí cerca tenemos la experiencia en la materia de Chile, donde las deudas impagables aparecen como una de las causas del estallido social.

Hasta la próxima.