Transparencia financiera: un imperativo para Uruguay y América Latina

Años después de la publicación de los Panama Papers, que mostraron cómo personas adineradas y poderosas usaron guaridas fiscales para lavar dinero, evadir impuestos y ocultar su riqueza, es el turno de África de aparecer en los titulares de los periódicos del mundo entero. Con la reciente filtración llamada Luanda Leaks, el mundo supo que Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, había recibido, junto con su marido, miles de millones de dólares del gobierno de su padre, en Angola, a través de un imperio empresarial que abarcaba más de 400 empresas en 41 países, muchas de ellas en las jurisdicciones secretas.

Nada muy sensacionalista para los lectores latinoamericanos, acostumbrados a escándalos de corrupción entre sus elites. Pero en América Latina, como en el resto del mundo, las cataratas de revelaciones de la última década, gracias a valientes denunciantes y periodistas de investigación, han obligado a muchos gobiernos a enfrentar parcialmente la industria del secreto financiero y las redes de corrupción transfronterizas.

Es lo que demuestra la última edición del Índice de Secreto Financiero (ISF), un ranking publicado cada dos años por la ONG británica Tax Justice Network. En promedio, los países han reducido su contribución al secreto financiero global en 7% respecto de 2018. Eso significa concretamente menos espacio para prácticas como la que utiliza la banca en la sombra, la propiedad anónima de compañías fantasmas o la propiedad inmobiliaria anónima, lo que a su vez limita las posibilidades para el lavado de dinero de todos los tipos de tráfico, la evasión fiscal y las enormes concentraciones de riqueza no gravada en paraísos fiscales.

Uruguay aparece en el puesto 90 en el ranking del ISF, demostrando una mejora significativa en la lucha por una mayor transparencia (estaba en el 67 hace dos años). El país ha tenido un muy buen desempeño en la presentación de reportes locales: es un paso importante porque este tipo de reporte es una forma en que las naciones más pequeñas y menos poderosas pueden protegerse de las empresas que no reportan los informes país por país. La presentación de informes país por país es una práctica que requiere que las empresas publiquen información sobre las ganancias y los costos en los que incurren en cada país en el que operan, en lugar de sólo publicar un resumen global de sus ganancias y costos de forma agregada. Sin embargo, de manera general, un reciente informe de Oxfam denuncia el hecho de que la utilización de paraísos fiscales se multiplicó por cinco en Latinoamérica en un período de 15 años.

Por supuesto, debemos recordar que las jurisdicciones más populares para las elites latinoamericanas son Bahamas, Caimán y Miami. De hecho, los mayores contribuyentes al secreto mundial no son los países latinoamericanos, sino los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, que reúne a los países más ricos del mundo, y del que sólo México y Chile son miembros en la región) responsables de 49% de todo el secreto financiero del mundo, según la medición del ISF en 2020. Esta participación se manifiesta de manera directa o por medio de sus dependencias a las que externalizan parte de su secreto financiero, como las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Curazao o las Islas Caimán, lo que demuestra una notable hipocresía de los países más desarrollados del mundo. Utilizando los paraísos fiscales que forman parte de sus redes, facilitan algunas de las peores formas de secreto financiero, al tiempo que ejercen regulaciones más estrictas dentro de sus propias fronteras.

Pero también es un hecho que la fuga de capitales de América Latina que impulsan parte de las elites latinoamericanas y los extranjeros por igual ha estado socavando el desarrollo de la región durante décadas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha calculado, por ejemplo, que el costo de la evasión y la elusión fiscal en América Latina alcanzó 6,3% del Producto Interno Bruto en 2017, cifra equivalente a 335.000 millones de dólares. Tampoco se puede olvidar que las corporaciones, domésticas y transnacionales, aprovechan los vacíos legales para esconder enormes ganancias tributables. Es justamente debido a ello que la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), de la que soy miembro, aboga por un sistema tributario internacional reformado, que redistribuya las utilidades de las empresas a partir de la tasación unitaria de las multinacionales. Esto eliminaría en gran parte el beneficio de las guaridas fiscales que están dejando a los países sin recursos fiscales.

Las consecuencias son brutales. Esta falta de recursos impide a los gobiernos invertir en servicios públicos como educación, atención de la salud, servicios de guardería, agua potable y sistemas de saneamiento. La hemorragia financiera también exacerba la desigualdad de géneros, porque las mujeres están sobrerrepresentadas entre los pobres y entre las personas con empleos precarios o mal remunerados. Esta situación también obliga los países a recurrir a impuestos regresivos sobre el consumo, con lo que la carga fiscal se desplaza a los segmentos más pobres de la población.

Por eso es urgente que cada país latinoamericano aborde seriamente el tema de la transparencia financiera. Convertir la corrupción de las elites en un argumento contra los políticos, mediante la manipulación de los medios de comunicación y del Poder Judicial, puede ser sumamente peligroso para la democracia, como lo han demostrado varios episodios ocurridos en los últimos años en la región. Sobre todo, es una retórica ilusoria si los países no se dotan de instrumentos fiables y reconocidos internacionalmente para desenmascarar a todos aquellos que quieren seguir beneficiándose de la opacidad financiera. Uruguay, por ejemplo, debería requerir la registración de beneficiarios finales en registros públicos y online (para sociedades y todo otro tipo de vehículos jurídicos). Sería un instrumento esencial en la lucha contra la opacidad financiera y la evasión fiscal. También es una oportunidad para que el gobierno se comprometa eficazmente con los ciudadanos y se gane su confianza.

Al final, la transparencia financiera es también una emergencia política. Al seguir haciendo la vista gorda a la corrupción y la evasión fiscal, y al persistir en responder a la falta de recursos fiscales mediante programas de austeridad, los gobiernos están poniendo en peligro su legitimidad a los ojos de la población, abriendo de par en par la puerta a los movimientos radicales, con la consiguiente miseria y violencia.

Ricardo Martner es economista y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.