La Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP) se declaró en “alerta” hace un par de semanas. Según el gremio, de acuerdo con las disposiciones del decreto de austeridad fiscal que promulgó el 11 de marzo el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) deberá reducir 40% del gasto en contratos, lo que pone en riesgo el empleo de 200 trabajadores con contrato a término. Las disposiciones del decreto comenzarán a regir el 31 de mayo y en AFGAP esperan cerrar un acuerdo con las autoridades del ministerio esta semana para evitar que se desvincule a los trabajadores.

La secretaria general de AFGAP, Carolina Arcuri, explicó a la diaria que el decreto del Ejecutivo implica un recorte de 15% en los gastos de funcionamiento, la prohibición del llenado de vacantes y 40% de reducción de gastos en los contratos, lo que pone “en riesgo” el puesto de 200 trabajadores con contratos a término, que en promedio hace ocho años que trabajan en oficinas del ministerio. En concreto, el decreto establece la prohibición de la “renovación automática de servicios personales de carácter temporal con la Administración Central que no revistan la condición de funcionarios públicos”, y determina que el monto destinado a los “nuevos vínculos de servicios personales” no podrá superar el 60% del monto ejecutado en 2019 para esos fines.

A esta situación se suma que 966 empleados de los 1.800 funcionarios presupuestados “van a tener causal jubilatoria o cese jubilatorio a 2023”, sostuvo Arcuri. Esto derivaría no sólo en que “muchos trabajadores se quedarían sin empleo”, sino en una disminución de la capacidad del ministerio de cumplir con sus competencias cabalmente por falta de recursos humanos. Además, el artículo 4 del decreto establece que “los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 no podrán ser provistos y, de los que se generen durante el ejercicio 2020, sólo podrán ocuparse un tercio”. Esta es otra de las disposiciones que más preocupa a AFGAP. El año pasado, más de 500 funcionarios se jubilaron en el ministerio, sostuvo Arcuri. Este año se prevé que lo hagan “en el orden de los 200” y las vacantes que se podría cubrir “son totalmente insuficientes”. Además, los plazos de las contrataciones a veces demoran más de un año.

AFGAP tomó conocimiento de las disposiciones del decreto en la segunda quincena de marzo, pero con la llegada de la pandemia del coronavirus el tema quedó un poco relegado. En abril, “cuando más o menos se estabilizó la situación”, el gremio planteó sus reparos a las autoridades del ministerio en la primera reunión bipartita de ese mes, contó Arcuri. Poco después el sindicato se declaró en “alerta”.

Las autoridades del MGAP le comunicaron al sindicato que debían aguardar la respuesta del Departamento Jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre cómo implementar este decreto en el ministerio. El sindicato no volvió a ser convocado por las autoridades y hasta hoy están a la espera de una respuesta. Arcuri manifestó que solicitaron a la dirección general la información que se le entregó al MEF, pero no les fue proporcionada. En el marco de la negociación colectiva, AFGAP también solicitó a las autoridades que especificaran dónde se iba a “recortar” porque, según Arcuri, en la disminución de gastos de funcionamiento e inversión “podemos ver cuáles son las políticas que no se van a implementar”. No obstante, dijo que tampoco recibieron esa información. Por estas razones decidieron declararse en “alerta” hace unas semanas.

El gremio sostiene que los centenares de trabajadores que se quedarían sin trabajo pertenecen a varias áreas del ministerio. “Tenemos áreas específicas con una fuerte presencia de funcionarios con contrato a término, que quedarían totalmente desmanteladas”, mientras que otras resultarían menos comprometidas, aseguró Arcuri. A modo de ejemplo, mencionó la Dirección General de Desarrollo Rural, la Dirección de Recursos Naturales, la Dirección General de la Granja, la Dirección General Forestal, el Sistema Nacional de Información Ganadera y la Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables. “Así hay varios lugares concretos donde se va a ver afectado fuertemente el pleno cumplimiento de los cometidos sustanciales del MGAP si no se atiende la situación”, expresó.

Respuesta

La directora general de secretaría MGAP, Fernanda Maldonado, dijo a a la diaria que la interpretación que el gremio hace del decreto no es correcta y negó que 200 trabajadores del MGAP fueran a quedarse sin trabajo. La jerarca sostuvo que en realidad se trata de 170 funcionarios y dentro de ese total se debe excluir a los empleados bajo contrato por provisariato, ya que “muchos están en proceso de formalización”. Maldonado dijo que las autoridades buscarán llegarán a un acuerdo para “desvincular a la menor cantidad de personas posibles” pero no sabrán de cuántos trabajadores se trate hasta que reciban la información que las autoridades solicitaron al MEF.

La jerarca explicó el ministerio presentó “varias propuestas” al MEF “en base a diferentes interpretaciones del decreto” del Ejectuvo para “realizar el abatimiento que establece esa norma en cuanto a la renovación de las personas contratadas”. “El decreto no habla de montos ni de personas contratadas” por lo tanto, se podrían definir medidas de “mix” entre reducción de horas de trabajo y cantidad de funcionarios, interpretó. Una vez que las autoridades reciban la respuesta del MEF se comunicarán con el sindicato.

Según la directora general no hay un plazo para que el ministerio de Economía presente una respuesta, pero esperan que sea pronto. Según dijo, los jerarcas del ministerio “conocen y les preocupa la situación de los funcionarios del MGAP en cuanto a la edad y a que en los próximos dos años tendrán causal jubilatoria”. Eso, manifestó, que es un tema que las autoridades tienen “sobre la mesa” y que evalúan “permanentemente”. “Sobretodo, para ver cómo hacemos hacia delante de concursos y demás”, sostuvo. De todas formas, dijo que no están evaluando proponer el cambio de las disposiciones de llenado de vacantes dispuestas en el decreto.