Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Vivimos en un país pequeño si se lo compara con sus vecinos, y esto tiene consecuencias inevitables, como las vinculadas con la pandemia de covid-19. Por mejor que se hagan las cosas de este lado de la frontera con Brasil, del otro lado la situación es grave; en Santana do Livramento se registraron ayer 12 casos nuevos, y estamos expuestos a contagios.

Otras relaciones de Uruguay con el resto del mundo incidieron ayer en la política nacional. Tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (en las áreas de libertad de reunión pacífica y de asociación; ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y libertad de opinión y de expresión) le enviaron una carta al canciller Ernesto Talvi para expresar su “preocupación” por las disposiciones del proyecto de ley de urgente consideración (LUC). Entre otras cosas, señalan que los artículos sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía y el derecho de reunión y manifestación pacífica son incompatibles con las obligaciones de Uruguay como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El miércoles 3, durante la discusión en el Senado del proyecto de LUC, Guido Manini Ríos sostuvo que “muchos extranjeros que opinan sobre el Uruguay dicen que está mal tomar tal o cual medida”, pero que nuestro país “tiene que razonar por sí mismo” y “no por la mente de extranjeros que elaboran sus libretos en otro lado y acá los ejecutamos como peones serviles”. Pero en el caso del llamado de atención de los relatores de la ONU, el tema es otro: nuestro país no es, obviamente, una potencia mundial que pueda darse el condenable lujo de desconocer sus compromisos internacionales.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Coalición Latinoamérica Saludable (que reúne a más de 300 organizaciones) se pronunciaron a favor del rotulado de alimentos riesgosos para la salud, que estuvo vigente sólo diez días, hasta que un decreto presidencial postergó cuatro meses su aplicación, y que ahora se habla de dejarlo en suspenso por lo menos un año. Lo mismo opinaron 27 sociedades científicas uruguayas, de modo que sobre esto tampoco se aplica el criterio de Manini.

Además, lo de actuar “como peones serviles” es un arma de doble filo. También se podría pensar que la compleja situación que salió a la luz al cierre de esta edición, cuando trascendió que Talvi habló con el presidente Luis Lacalle Pou para buscar una “fórmula” que le permitiera continuar en su cargo, tiene que ver con “extranjeros que elaboran sus libretos en otro lado”. El canciller opina que, en virtud de su cargo, no corresponde que califique de dictadura al gobierno de Venezuela, y hay fuertes presiones internacionales para que el gobierno de Uruguay adopte esa definición.

En todo caso, ya estaba claro que a Talvi le creaba problemas dedicarse a cuestiones como la del crucero Greg Mortimer mientras Julio María Sanguinetti operaba en el Parlamento y en diálogo directo con Lacalle Pou, y ahora se abre una incógnita sobre el funcionamiento futuro de la “coalición multicolor”.

Hasta mañana.