Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La ley sobre interrupción voluntaria del embarazo sigue vigente, pero el ambiente es menos propicio a ella desde el 1º de marzo de 2020. Ya durante los gobiernos del Frente Amplio (FA) fue notorio que había altos dirigentes de esa fuerza política contrarios a la norma, empezando por Tabaré Vázquez, pero la relación de fuerzas se inclinaba a su favor. En el actual oficialismo hubo y hay también posiciones muy distintas, pero parece claro que la proporción de opositores es mayor que dentro del FA, aunque no hay nada parecido a una mayoría para derogar la ley.

Esto, y el hecho de que el presidente Luis Lacalle Pou manifestó que respeta la legalidad vigente pero tiene una “agenda provida”, ha fortalecido las posiciones de quienes hacen cuanto pueden para que el derecho al aborto legal no sea ejercido.

Hace diez días, el exdiputado suplente nacionalista Carlos Iafigliola difundió que se había reunido con el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, para abogar ante él por la asociación del Estado con la organización no gubernamental Centro de Promoción por la Dignidad Humana, en un programa de “desestímulo” a las mujeres que quieren abortar.

Iafigliola dijo que había encontrado en Cipriani “un muy buen socio”, con “voluntad política” de apoyarlo, pero el presidente de ASSE tomó distancia de la iniciativa el martes, en la Comisión de Salud de Diputados. Comentó que “es una propuesta que un ciudadano presentó ante ASSE y más nada”, que hasta ese momento ni siquiera la había leído, y que la institución que preside no se va a “desviar nunca de lo que la ley marca”. Menos mal.

El exdiputado interpretó que pudo haber “presiones” sobre Cipriani, aseguró que seguirá reuniéndose con otros altos jerarcas para plantearles su proyecto, e invocó las declaraciones antedichas de Lacalle Pou. En todo caso, Iafigliola dice en voz alta lo que se propone, y eso facilita que las autoridades y la ciudadanía se definan al respecto. Hay quienes actúan de otro modo.

La ley vigente permite que ginecólogos y otros trabajadores de la salud queden eximidos de practicar abortos legales (salvo “cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer”) si plantean formalmente que tienen “objeciones de conciencia”. Por esta vía, las interrupciones voluntarias del embarazo también son “desestimuladas”, ya que se vuelven más difíciles para las afiliadas a algunas instituciones y las residentes en algunas zonas del país.

El Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) llevó adelante una investigación sobre el impacto de esas objeciones, que incluyó pedidos de acceso a la información, y recibió del Ministerio de Salud Pública y de ASSE datos incompletos, desactualizados y con importantes inconsistencias.

Esto implica que las autoridades no están en condiciones de controlar que la ley se aplique como es debido, ni de detectar situaciones en las que la objeción se utilice para bloquear el ejercicio de derechos. Así, para muchas mujeres, la norma está vigente pero no se cumple, y el intento de ampararse en ella es saboteado en forma inaceptable.

Hasta el lunes.