Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La mayor parte del oficialismo afirma, desde que era oposición, que gran parte de los problemas de seguridad pública durante los gobiernos del Frente Amplio se debieron a que la fuerza policial no contaba con el debido respaldo por parte de las autoridades y actuaba “con las manos atadas”. Se prometió que, para revertir esta situación, no sólo aumentarían las declaraciones y acciones de apoyo a los funcionarios, desde el Ministerio del Interior y Presidencia, sino que además se aprobarían normas que les desataran las manos e impusieran mayor respeto a su autoridad. Es muy discutible que la forma en que se ha intentado cumplir con esas promesas sea beneficiosa para la convivencia social (que incluye la de los policías con el resto de la población).

La Ley de Urgente Consideración (LUC) incluye disposiciones en esta materia, y es muy importante el debate al respecto que permiten las campañas hacia el referéndum del año que viene, pero la cuestión es más amplia y compleja.

Inciden, además de las nuevas tipificaciones de resistencia al arresto y agravio a la autoridad, la restauración en los mandos de una “vieja guardia” poco respetuosa de los derechos, y una defensa política de los cambios que, demasiado a menudo, busca descalificar las denuncias de abusos y se parece demasiado a la construcción de un dispositivo de impunidad. Todo esto aumenta el riesgo de que los funcionarios se sientan exhortados a proceder con brutalidad, sobre todo contra la población más vulnerable.

Los abogados defensores de oficio, que asisten justamente a esa población, señalan desde hace meses su preocupación por el aumento de denuncias de abuso policial, y realizaron denuncias al respecto ante la Suprema Corte de Justicia, que ayer fueron trasladadas también a la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado, con datos sobre 85 casos.

Hace tres días comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes dos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que entre otras cosas presentaron un informe sobre intervenciones policiales injustificadas y abusivas contra adolescentes en Montevideo y Paysandú.

No cabe duda de que estos hechos inciden en la campaña hacia la consulta popular sobre 135 artículos de la LUC, pero eso no debería ser motivo de que alguien, entre los defensores del Sí o del No a la anulación de esos artículos, olvide que mantener un marco de garantías para la población es cuestión política prioritaria, no sólo con miras a la convivencia democrática presente y futura, sino incluso para construir respeto y confianza hacia la Policía.

En este sentido, resulta lamentable que, con la proverbial actitud de disparar contra los mensajeros, desde el oficialismo se insista en cuestionar a la INDDHH y a los defensores de oficio (que prestan a la sociedad servicios muy abnegados), con mucho mayor énfasis que el que se pone en profundizar una cuidadosa investigación de los hechos y asegurar que se sancione como es debido a quienes hayan cometido atropellos. Así se refuerzan los mensajes indeseables hacia la Policía que pueden estimular el abuso.

Hasta mañana.