Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Un incidente entre el senador nacionalista Juan Sartori y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) brinda la oportunidad de reflexionar sobre las normas uruguayas para controlar el manejo de dinero por parte de quienes tienen responsabilidades políticas.

Quienes integran el Parlamento deben presentar a la Jutep declaraciones juradas de sus bienes e ingresos. Si han formalizado una pareja, también los de las personas con las que están casadas o viven en concubinato, y los de las correspondientes sociedades conyugales o concubinarias, si las hay, así como los bienes e ingresos de las personas que estén bajo su patria potestad, tutela o curatela.

Estas declaraciones deben ser entregadas a la Jutep hasta 90 días después de asumir el cargo, y luego cada dos años, con una final en los 30 días posteriores a la fecha de cese. La intención obvia es prevenir enriquecimientos inexplicables en el marco de la legalidad.

Sartori no entregó la declaración sobre su esposa, Ekaterina Rybolovleva. La Jutep insistió y le puso sucesivos plazos hasta hoy para que lo hiciera, pero el senador alega que no corresponde, porque su vínculo con ella no está constituido en Uruguay como matrimonio o concubinato, e incluye una separación judicial de bienes. Para fundamentar esta tesis, presentará a la Jutep informes jurídicos de la consultora Deloitte y de otros asesores legales.

Es importante tener en cuenta que, si bien Sartori es una persona rica, según el criterio local (declaró a la Jutep unos 90 millones de dólares), su esposa es hija de alguien con muchísimo más dinero, el multimillonario ruso Dimitry Rybolovleva. Este ocupa, según la revista Forbes, el lugar 391 entre las personas más ricas del mundo, y sus regalos a Ekaterina han incluido un penthouse frente al Central Park de Nueva York por el que pagó, según medios estadounidenses, 88 millones de dólares en 2011, y la legendaria isla griega Skorpios, que fue propiedad del magnate Aristóteles Onassis.

Lo antedicho permite suponer por lo menos dos cosas. Una es que los bienes e ingresos de Ekaterina Rybolovleva están en niveles estratosféricos respecto de los que constan en todas las demás declaraciones juradas a la Jutep. Otra es que ella puede tener, por motivos lógicos, escaso interés en brindarle información al respecto a un servicio descentralizado estatal en este rincón del mundo.

De todos modos, cabe señalar que, si Sartori y la Jutep no se ponen de acuerdo, el senador podría ser sancionado con una multa, con la retención de la mitad de su remuneración en el Poder Legislativo, e incluso con una inhabilitación para ejercer la función pública, pero no está prevista ninguna forma de obligarlo a presentar la declaración jurada. Además, es obvio que verificarla estaría lejísimo del alcance de la Jutep, cuya dotación presupuestal es muy escasa.

Otra de las normas vigentes con la intención de evitar vínculos indebidos entre la política y el dinero obliga a los partidos a presentar, ante la Corte Electoral, declaraciones de sus ingresos y egresos en las campañas. En este caso tampoco es viable chequear la veracidad de esos documentos. Sólo hacemos como que controlamos.

Hasta el lunes.