Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Debido a la pandemia, durante 2020 la economía se achicó en el mundo y también en Uruguay, y eso se refleja también en los números de lo recaudado por la DGI y la Dirección de Aduanas, dos importantes vías de ingreso de dinero al Estado. Aunque la causa no haya sido la más previsible, la baja de la recaudación es una de las manifestaciones del “achique del Estado” que desde hace décadas reclaman varios sectores afines a la coalición gobernante.

La incidencia del Estado será menor también en el precio del combustible, o al menos eso parece ser lo que se busca con las modificaciones en el área. Los cambios que se planea instrumentar en la producción de gasoil reducen el porcentaje de biocombustible generado en nuestro país, lo que, como afirma el sindicato de Alur, profundiza la dependencia del petróleo importado y debilita la industria nacional, por lo que se vislumbra el cierre de la planta productora de biodiésel en Capurro. La estatal Ancap es la propietaria de 90,79% de Alur.

Asimismo, el Estado renuncia a cobrarles a los privados que utilizan sus ondas televisivas. Una disposición retroactiva exime a empresas uruguayas y multinacionales de pagar el canon anual que establecía la ley de medios, por lo que se les devolverá lo que ya habían aportado, mientras se anuncia que la pretensión recaudatoria del Estado en esta área desaparecerá cuando se reformule la norma.

El Estado también emprende una retirada en la salud. Concretamente, atenúa las advertencias sobre la cantidad de sustancias nocivas que hay en los alimentos procesados. Las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo en la normativa sobre etiquetado frontal de alimentos no sólo inquietan a diversas asociaciones médicas y a la oposición, sino también a miembros de la coalición gobernante enfocados en el área de la salud.

Otra forma de achicar el Estado, o de empequeñecer sus arcas, puede ser actuando como funcionario del Estado y a la vez sirviendo a quienes litigan con él. Los casos de personas que se paran de los dos lados del mostrador abundan: el más sonado fue el del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, que declaró contra Uruguay en el juicio internacional que Aratirí sostuvo contra el Estado, y el más reciente involucra a uno de los directores del Banco República, el cabildante Pablo Sitjar, que representa a empresas que mantienen juicios contra el banco estatal. En su defensa, el director argumenta que el asunto no salió a la luz en el momento de comprobarse su idoneidad para el cargo.

Estas y otras señales de la retirada del Estado durante los últimos meses no sintonizan del todo bien con las palabras de Enrique Iglesias, el entrevistado de Economía. Iglesias propone considerar “un gran programa de inversiones económicas y sociales del sector público” como forma de revertir los efectos de la crisis desatada por el coronavirus.