Un exedil del Partido Colorado, que ya tenía antecedentes judiciales, fue enviado a prisión el miércoles por el delito de estafa en Maldonado. Se trata de Pablo Gallo, un hombre de 60 años que en el pasado representó a la agrupación Asamblea Batllista en el legislativo departamental. Como legislador departamental había tenido otros problemas, entre ellos un intento de evitar pagar una multa cuando conducía alcoholizado.

Durante su actuación como edil, presentó varias denuncias contra las autoridades de la comuna fernandina que terminaron archivadas. Entre otras cosas, en mayo de 2015 denunció al ex intendente Óscar de los Santos (Frente Amplio) por un presunto déficit de 88 millones de dólares correspondiente al “rubro cero” (sueldos), lo que fue considerado como “una falta de respeto” por el oficialismo del momento.

Gallo había sido procesado en 1997 por un delito de contrabando en reiteración real con un delito de encubrimiento y en 1999 por un delito de violencia doméstica. En 2013 cumplió una pena de prisión por el delito de “violencia privada” tras presionar al dueño de una empresa comercial.

El miércoles fue enviado al penal de Las Rosas por la sede penal de 2º turno de San Carlos como autor penalmente responsable de un delito de uso de documento o certificado falso. Cumplirá la pena de 12 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba, por lo que deberá concurrir una vez por semana a la seccional policial correspondiente a su domicilio y efectuar trabajos comunitarios.

Además del exedil, fue condenado por esta causa el escribano Ángel Teodoro Ferraz Techera, de 75 años de edad, como autor penalmente responsable de tres delitos de falsificación material de documento público por funcionario público y un delito de estafa. Cumplirá tres años de penitenciaría, en régimen de libertad a prueba y en arresto domiciliario total por el término de la condena.

En diciembre de 2019 una ciudadana argentina denunció la venta fraudulenta de terrenos de su propiedad ubicados en la calle República Oriental del Uruguay entre H Soria y Las Toninas de La Juanita, balneario ubicado en las inmediaciones de José Ignacio.

Los investigadores de la jurisdicción verificaron que las propiedades habían sido heredadas por la denunciante en 2015 y que Ferraz había confeccionado un documento según el cual el antiguo propietario le otorgaba poder sobre esos inmuebles a un ciudadano argentino. Este vendió los padrones a un ciudadano uruguayo que, a su vez, los vendió nuevamente. “Pero mediante una minuciosa investigación se estableció el vínculo de los ahora imputados, quienes luego de ser localizados comparecieron en la Sede Judicial, resultando las medidas arriba señaladas”, informó la Jefatura.