Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Hay hechos políticos totalmente previsibles que confirman posiciones conocidas. Por ejemplo, el Frente Amplio (FA) no votó a fines del año pasado la limitación del derecho constitucional de reunión, y menos aún votará la nueva iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que prorroga esa limitación y habilita que se renueve en forma automática cada 30 días.

La suspensión de la obligatoriedad de las clases, anunciada anteayer por el presidente Luis Lacalle Pou, es un caso más complejo, ya que si bien reafirma algunas orientaciones y decisiones anteriores, al mismo tiempo contradice otras, por lo menos en dos grandes áreas.

Por un lado, el propio Lacalle Pou reconoce que los centros educativos no han sido un generador importante de contagios de covid-19, con apenas 2,5% del total de los identificados, y poco más de un centenar de brotes contra los 6.000 cuyo origen se detectó en contactos intrafamiliares.

Por otro lado, ha sido evidente desde el comienzo que el presidente jerarquiza mantener la actividad de las empresas (en especial de las mayores) y quiere llegar cuanto antes a una reanudación plena, a tal punto que se le pueden reprochar avances prematuros e imprudentes en esa dirección. Sin embargo, es claro que mientras no se restablezca la obligación de ir a clase persistirán, en una gran cantidad de hogares, problemas importantes para que los adultos puedan retomar sus actividades habituales.

De todos modos, parece que la coherencia de Lacalle Pou en por lo menos tres grandes áreas se impuso a las contradicciones antedichas, y también a las insistentes y fundamentadas afirmaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) sobre la necesidad de volver a la presencialidad obligatoria, con excepciones sólo en lugares y períodos de crisis sanitaria aguda.

Hay una cuestión relacionada con el gasto público. Tanto las recomendaciones del GACH para “proteger el sistema educativo” como las demandas planteadas por organizaciones de familiares de estudiantes y sindicatos de docentes, orientadas a crear condiciones más seguras, requieren desembolsos extra por parte del Estado. Una vez más, pesa la voluntad de lograr resultados fiscales, aun en áreas tan delicadas como esta y cuando no se trata de millonadas.

En segundo lugar, hay una cuestión ideológica. Cuando los indicadores sanitarios mostraban a Uruguay en una situación privilegiada, Lacalle Pou pregonó dentro y fuera de fronteras su apuesta a la “libertad responsable”, y eso les permitió a muchas personas creer que aquí se potenciaban del mejor modo posible las virtudes de un pueblo sensato y las de un gobernante sabio, que confiaba en la gente sin imposiciones ni paternalismos.

Ahora vemos la otra cara de la moneda. Mientras los indicadores se desbocan, el presidente apela nuevamente a su peculiar concepto de la libertad individual, esta vez para transferir la culpa de las desgracias a decisiones equivocadas de la gente.

Por último podemos decir, hiriendo algunas sensibilidades, que hay una cuestión de clase. Esta decisión, como muchas otras presuntamente “neutras”, tiene un impacto social desigual: afecta más y peor a la gente pobre.

Hasta mañana.