Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Cualquier persona interesada en las noticias políticas se ha dado cuenta hace tiempo de que el oficialismo, cuando tiene que cubrir algún flanco débil, intenta trasladar la responsabilidad al gobierno anterior. El recurso no es nada novedoso, en Uruguay ni en otros países, luego de elecciones que determinaron un cambio significativo de orientación, pero tiene sus límites.

Al comienzo puede dar resultado, pero llega un momento en que incluso los partidarios del nuevo gobierno más convencidos de que el anterior fue nefasto dejan de aceptar esa explicación o excusa. No es que les cueste creer que el gobierno previo creó graves problemas; es que votaron al nuevo porque le creyeron que iba a resolverlos. Algo así le pasó en Argentina a Mauricio Macri.

También importa ante qué situaciones se habla de una “herencia maldita”; la credibilidad de ese relato exige que haya alguna relación verosímil de causa y efecto. Esto es lo que falta cuando Germán Cardoso, cuestionado por otro dirigente colorado debido a sus compras de publicidad cuando era ministro de Turismo, y forzado a renunciar a ese cargo, busca convertir la investigación del Parlamento al respecto, propuesta por el Frente Amplio (FA), en un ataque a lo que hicieron en el mismo ministerio, desde 2010, gobiernos frenteamplistas.

La cuestión es que el FA planteó formar una comisión investigadora, pero el denunciante es el exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, quien afirmó que los gastos publicitarios de Cardoso no sólo se apartaron de las prácticas habituales y debidas (lo cual les valió, entre otras cosas, observaciones del Tribunal de Cuentas), sino que además implicaron pagos sin precedentes a una sola empresa.

Si esto es así (y cabe suponer que lo es, porque Cardoso tuvo que renunciar), no corresponde el argumento frecuente y un poco infantil de responder a las críticas con un “ustedes también”. Al ahora exministro se le acusa, muy específicamente, de haber hecho cosas que durante los gobiernos del FA no se hacían.

Aun si Cardoso estuviera en condiciones de probar que lo sostenido por Pérez Banchero no es cierto, y que durante períodos previos se incurrió en las mismas prácticas que se le cuestionan, resulta obvio que eso no le quitaría responsabilidades, pero en todo caso sería pertinente que planteara los presuntos antecedentes en la investigadora que el FA propuso. Para eso no es necesario formar una que abarque 12 años, “compare gestiones” y se ocupe de decisiones que el exministro ni siquiera dice que hayan sido irregulares o delictivas.

Por supuesto, si Cardoso afirmara que a su entender hubo delitos, debería explicar por qué no los denunció antes ni consideró necesario referirse a ellos antes de que estallara su conflicto con Pérez Banchero. Cualquiera diría que procura diluir las acusaciones en su contra y desviar la atención del conflicto interno colorado.

Los diputados oficialistas se disponen a formar la investigadora propuesta por el exministro, al parecer convencidos de que eso les conviene, pero también puede suceder que, al hacerlo, dejen irremediablemente mellada el arma de echarle al FA la culpa de todo.

Hasta mañana.