Cinco de los siete denunciantes en la causa que investiga torturas en el ex Batallón de Infantería 6 de San José, entre 1975 y 1978, declararon este jueves ante la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
Tras la ratificación de la denuncia, la abogada de las víctimas de terrorismo de Estado, Fiorella Garbarino, dijo a la diaria que la declaración de uno de los denunciantes que no pudo trasladarse a Montevideo se concretará este viernes, y se está coordinando la declaración telemática de otra denunciante que vive en el exterior.
Garbarino informó que en la próxima etapa de la investigación penal se convocará a declarar a los testigos mencionados en la denuncia.
Según supo la diaria, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ya cuenta con los legajos de los 22 militares denunciados en la causa y tiene pendiente la respuesta de un oficio enviado al Ministerio de Defensa para que aporte los domicilios de los militares para citarlos a declarar. La Fiscalía cuenta con suficiente información como para imputar a los militares acusados a mediados de setiembre.
En diálogo con la diaria, Pedro Durán, uno de los denunciantes que hoy declararon ante el fiscal Perciballe y la fiscal adscripta Mariela Suárez, expresó su satisfacción por haber concretado la denuncia y señaló que la investigación “va a ayudar a que haya más verdad y justicia”.
El denunciante, que no descartó que otras víctimas de la unidad de San José se sumen a la causa, señaló que llevó un proceso de maduración tomar la decisión de volver a presentarse a la Justicia, luego de que el caso fuera archivado por un juzgado de San José bajo el argumento de la vigencia de la Ley de Caducidad. “Lo importante es que culminó con esto, que puede dejar a las futuras generaciones algo para impedir que hechos como los que ocurrieron se vuelvan a repetir”, agregó.
Durán tenía 21 años cuando fue detenido por dos integrantes del Ejército, al salir de su casa para el trabajo: “Mi madre preguntó qué pasaba, a lo que uno de ellos respondió que los tenía que acompañar por un ratito, que tenían unas preguntas para hacerme. Cuando subí a la camioneta donde habían otros uniformados, me encapucharon, y a partir de ese momento [fue] una lluvia de insultos y golpes. Al momento sólo había participado de una o dos reuniones de la UJC [Unión de Juventud Comunista] al año, puesto que trabajaba en una empresa de carga y descarga alrededor de 12 a 15 horas diarias”, relató en la denuncia.
La causa fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación el 8 de julio y relata lo sufrido por 21 integrantes de la UJC que fueron detenidos entre marzo y abril de 1975 y estuvieron presos unos cinco años: tres años y medio en la unidad militar de San José y un año y medio en el Penal de Libertad.
Los detenidos, que tenían entre 18 y 25 años, fueron sometidos a torturas, trabajos forzados y en el caso de las mujeres a abusos sexuales. “Durante la tortura utilizaban un lenguaje soez e insultante de contenido sexual; había muchos milicos y nosotras desnudas y solas frente a ellos. También hacían referencia al olor que teníamos y a cuestiones personales de los detenidos con comentarios humillantes. También mostraban conocimiento de nuestras familias y amenazaban con traerlas detenidas o desaparecerlas en el río”, relata uno de los testimonios presentados en la denuncia.
Algunos de los denunciantes volvieron a ser detenidos y torturados en 1980, trasladados en varias oportunidades desde la Unidad de San José al centro de torturas La Tablada.