Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Cabildo Abierto (CA) presentó en diciembre de 2020 un proyecto de “reparación a víctimas de actos cometidos por grupos armados de carácter ideológico” de 1962 a 1976, cuyo tratamiento en la comisión de Constitución y Códigos del Senado se ha postergado largamente. Según legisladores nacionalistas y colorados, la causa de la demora fue que se le dio prioridad a la iniciativa sobre tenencia compartida, pero esta se aprobó en el plenario del Senado el 2 de agosto, sin que se haya avanzado desde entonces con el proyecto de CA, por lo cual cabe suponer que mucho apuro no había.

En cambio, y al parecer a cambio, la bancada oficialista de la cámara alta aprobó ayer una “minuta de comunicación” al Poder Ejecutivo para pedirle que presente un proyecto de “indemnización moral, social y económica” a las mismas víctimas y en el mismo período, pero sin especificar, como el proyecto cabildante, modalidades y montos. Hace muchos años que se reitera este tipo de propuestas y no hay más remedio que reiterar también, aunque sea brevemente, algunas precisiones acerca del sentido y alcance que puede ser razonable darles.

Son iniciativas que se suelen presentar con una base conceptual errónea, pretendiendo establecer una simetría con las leyes de reparación por el terrorismo estatal. No es muy difícil entender (si hay disposición a ello) que los graves daños causados mediante organismos del Estado son responsabilidad de este; el hecho de que en los mismos años haya habido también víctimas de grupos políticos armados es un problema esencialmente distinto.

El listado de víctimas que se maneja está compuesto en gran parte por funcionarios estatales, quienes a menudo sufrieron las consecuencias de enfrentamientos en los que se les había ordenado participar, y estaban amparados por normas que se aplicaron en su momento, con compensaciones adicionales. Se puede discutir si las reparaciones a estas personas y sus familias fueron suficientes y adecuadas a los daños sufridos, pero en estos casos no se trata de actuar por primera vez. Y está, por supuesto, la cuestión de las víctimas civiles para las que no hubo reparación (como les ha sucedido, históricamente, a muchas personas afectadas por violencias sin motivación política).

Si se considera justo y necesario legislar en beneficio de estas últimas, habría que considerar con detenimiento qué situaciones deben quedar abarcadas, porque también hubo víctimas de “grupos armados de carácter ideológico” como la Juventud Uruguaya de Pie y otras organizaciones de ultraderecha, legales, clandestinas y en zonas intermedias, y más o menos “paraestatales”.

Lo que no tiene sentido lógico, ni puede aportar nada parecido a la presunta búsqueda de un punto final pacificador, es reactivar la “teoría de los dos demonios” y simular que el Estado fue y es un actor neutral en esta historia. O, en lo referido a la “reparación moral”, asumir las propuestas del proyecto de CA, que obligarían a “los entes públicos de enseñanza” a “adecuar sus programas, libros de texto y todo recurso educativo abierto referidos a la temática en cuestión, a los efectos de darle cabida al relato de las víctimas o de sus herederos”.

Hasta mañana.