Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Casi cinco años y medio después de su nacimiento, ayer dejó de existir la organización Eduy21, autodefinida como “una iniciativa ciudadana” para impulsar la transformación del sistema educativo uruguayo. Integrada por personas “provenientes de diversas ideologías, sectores sociales, profesiones y regiones del país”, aunque con un peso preponderante del pensamiento académico, logró y difundió acuerdos en las áreas del diagnóstico, la definición de objetivos y las propuestas para alcanzarlos, pero sus intentos de que las políticas educativas asumieran esas orientaciones tuvieron resultados relativamente escasos, tanto en el tercer gobierno del Frente Amplio como en el actual de la “coalición multicolor”.

Es cierto que en ambos gobiernos se manejaron algunas ideas coincidentes con las defendidas por Eduy21, pero en realidad no eran “las ideas de” esa organización, sino parte de un repertorio que circula en el mundo y conoce cualquier especialista. No es el uso de ese patrimonio lo que define y diferencia una política educativa, sino la forma de articular sus componentes, definir planes y llevarlos adelante, con prioridades que van más a fondo que la declaración de muchas buenas intenciones.

En este terreno, como en muchos otros, está muy extendida la expectativa de que quienes “saben” se pongan de acuerdo, presuntamente “por encima de las diferencias político-ideológicas”. Es una bella ilusión. Las políticas educativas son políticas: decisiones en el marco de una sociedad atravesada por numerosos conflictos, que implican la voluntad de lograr “el bien común”, pero presentan hondas diferencias acerca de lo que significa ese concepto y de los mejores caminos para aproximarse a él.

Lo mismo sucede con las políticas de salud, de defensa, de vivienda, ambientales, de relaciones laborales, de seguridad pública y de cualquier otra índole, incluyendo por supuesto la política económica (que determina la asignación de recursos a las demás). Todas requieren saber técnico, pero sólo quienes creen en el pensamiento único suponen que el saber técnico conduce a conclusiones universales e indiscutibles.

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) tenía una finalidad muy específica en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19, pero algunas de sus recomendaciones prioritarias fueron desechadas por el presidente Luis Lacalle Pou debido a que implicaban opciones políticas que él no compartía. Lo mismo pasó con el “GACH sobre seguridad” convocado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

El discurso de Eduy21 apostó a la promoción de propuestas para “una educación equitativa de calidad a lo largo y ancho de toda la vida, orientadas a las necesidades del país y de su gente” y “formadoras de ciudadanía”, que asumieran “los desafíos de cambios disruptivos planetarios en las vidas de los individuos y de las comunidades” y que contribuyeran “al logro de una sociedad más justa, inclusiva, cohesiva y competente”.

Son palabras que pueden usarse para describir y justificar prácticas muy distintas. Pero la definición de políticas, como escribió Gabriel Celaya, exige tomar “partido hasta mancharse”.

Hasta mañana.