El polémico proyecto sobre tenencia compartida presentado en el Senado por legisladores del Partido Nacional y Cabildo Abierto sigue en la agenda del oficialismo, con prioridad para quienes lo respaldan, pese a que la posición en la materia del sector colorado Ciudadanos impediría su aprobación si pasa a la Cámara de Representantes.

Durante el largo proceso de debate acerca de esa iniciativa, sus partidarios han insistido en que es necesaria para impedir graves perjuicios a muchas familias, y en particular a padres separados injustamente de sus hijas e hijos, y han afirmado a menudo que esto se debe en gran parte a denuncias falsas y otros procedimientos desleales de sus exparejas, y a sesgos en la actuación de la Justicia que atribuyen a la “ideología de género”. A fin de discutir sobre bases claras, la senadora frenteamplista Silvia Nane presentó un pedido de informes sobre conflictos de tenencia al Poder Judicial (PJ), cuya respuesta despeja algunas dudas y a la vez plantea otros motivos de preocupación.

Nane pidió, entre otras cosas, datos cuantitativos acerca de la cantidad de procesos en 2018, 2019 y 2020, así como la desagregación entre varones y mujeres de las personas que los iniciaron, de quienes obtuvieron sentencias favorables a sus reclamos y de quienes presentaron denuncias por incumplimiento del régimen de visitas establecido.

El Departamento de Estadísticas del PJ aportó respuestas sobre la cantidad de procesos, pero indicó que el actual sistema de registro, programado hace más de 20 años, no incluye muchas otras de las informaciones solicitadas por la senadora. En términos más generales, los testimonios obtenidos por la diaria señalan que este tipo de problema, obviamente relacionado con carencia de recursos, se extiende a muchas otras actividades del Poder Judicial, cuya capacidad de análisis estadístico “es muy precaria”.

Esto implica, por supuesto, que ese poder del Estado, y cualquier otra institución pública o privada, afronta importantes limitaciones si intenta examinar la práctica judicial, detectar problemas frecuentes o de especial gravedad, identificar sus causas e impulsar soluciones.

Por otra parte, de las consultas realizadas por este medio surge que, en lo referido a perjuicios en procesos judiciales vinculados con hijas e hijos de parejas separadas, la causa más importante y notoria tiene que ver con el desborde de los juzgados, cuya capacidad y recursos resulta insuficiente. Harían falta más sedes, más jueces, más defensores, más técnicos y, por supuesto, más dinero.

Esto es sin duda preocupante cuando se trata de pensiones alimenticias impagas o de procedimientos para acceder a prestaciones de seguridad social, y más aún en los juzgados de Familia especializados en violencia doméstica, violencia de género y Código de la Niñez y de la Adolescencia. Sólo en 2020 y en Montevideo esos juzgados tramitaron 12.706 expedientes.

Más allá de lo que ocurra con el proyecto sobre tenencia compartida, que por cierto no resolvería esos problemas de fondo, quedan a la vista insuficiencias graves. La cuestión es decidir si su atención seguirá siendo postergada.