La jueza civil de tercer turno Alejandra Muguiro convocó a representantes del Banque Heritage y al hombre que viajaba de Uruguay a Argentina con depósitos y retiros bancarios a una audiencia preliminar que se realizará el 30 de marzo, según informó a la diaria el abogado del demandante, Enrique Sayagués.
Luego de que el fiscal de Delitos Económicos de primer turno, Enrique Rodríguez, archivara la causa en la Justicia penal, el mensajero y su esposa decidieron reclamar al banco un millón de dólares cada uno por el daño moral generado por la acusación en su contra. A su vez, el Banque Heritage demandó al mensajero por 20 millones de dólares, el monto sustraído a los clientes del banco, que la institución reembolsó.
La estafa al Banque Heritage se conoció el 30 de enero de 2018, luego de que el banco descubriera que una de sus empleadas había estafado a la institución. La mujer recibía dinero de clientes del banco en hoteles de Buenos Aires que eludían a las autoridades tributarias argentinas, lo depositaba en sus cuentas legales en Uruguay y, en caso de que quisieran hacer retiros, les llevaba el dinero a Buenos Aires. Luego de algunos años realizando esa maniobra, comenzó a quedarse con parte del dinero de los clientes, algo que fue advertido y denunciado penalmente por el banco.
La mujer, que llegó a atender a hasta 200 clientes del banco en Argentina, contrató a otras personas para que la ayudaran con el traslado del dinero, que viajaba en efectivo o en letras bancarias. Se estima que en ocho años movieron unos 500 millones de dólares.
El 12 de setiembre de 2018, la empleada alcanzó un acuerdo abreviado con la fiscalía, que fue ratificado por la entonces jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu, y fue condenada a dos años y medio de penitenciaría por los delitos de estafa y falsificación. En julio de 2019 fueron condenados por receptación tres allegados a la ejecutiva que habrían utilizado parte del dinero producto de la estafa. En esos casos, la fiscalía no pudo probar que los imputados conocían el origen del dinero. El mensajero también fue acusado por el banco de estafa, pero no acordó con la fiscalía, que finalmente optó por archivar el caso y desistir del juicio. También quedó por el camino la investigación sobre casas de cambio acusadas de participar en el traslado de algunos depósitos, algo que tampoco pudo probarse.
En diálogo con la diaria, el abogado del mensajero, Enrique Sayagués Areco, expresó que el banco no tenía autorización para operar en Argentina y lo acusó de montar esa maniobra en Buenos Aires a través de una empleada de su confianza. “Como dijo uno de los clientes, cerraron la sucursal legal y pusieron un dolarducto en Buenos Aires”, afirmó.
Entre las pruebas mencionadas por Sayagués está la declaración de varios ahorristas que −según el abogado− admitieron que no se les daba registro alguno del dinero que entregaban a la ejecutiva del banco.
Sayagués apuntó al Banco Central del Uruguay (BCU) por falta de controles y recordó que la entonces senadora del Partido Nacional Carol Aviaga hizo un pedido de informes al BCU para conocer las medidas tomadas ante la estafa contra el banco y la situación generada con los depósitos argentinos. El abogado señaló que el BCU respondió que tomó medidas para que la situación no volviera a repetirse y que los clientes fueron resarcidos por el banco, “pero de que estaban operando en Buenos Aires con dinero negro no dijeron ni pío”, agregó.
En cuanto a la participación de su cliente en esa maniobra, el abogado respondió: “Que el dinero lo trasladaba, lo trasladaba, de eso no hay ninguna duda, pero diez pesos que agarraba aquí, los llevaba allá y nunca faltó uno. Lo acusaron de retirar cuatro millones de dólares de la caja del banco diciendo que los iba a entrar en Buenos Aires y le dijeron que si no mostraba los recibos era porque se había robado la plata. Vinieron los depositantes argentinos y declararon que las entregas se hacían siempre en negro y sin recibo, todos esos depósitos que tomaba el banco eran en negro”, expresó el abogado, que estimó que la evasión fiscal contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podría superar los 900 millones de dólares. “La prueba es contundente, la han estado acallando”, expresó.