Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Sería ingenuo pretender que, en la recta final hacia el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), nadie intentara ganar votos aprovechando temas del momento, pero en esto deberían mantenerse por lo menos dos límites.

El primero es el límite de la veracidad. Una cosa es señalar hechos y datos vinculados con la aplicación de esos artículos, para defenderlos o criticarlos; otra es atribuirle a la LUC consecuencias que no necesariamente le corresponden; y otra es mentir en forma descarada, relacionando esa norma con asuntos que nada tienen que ver con ella.

El segundo límite implica evitar daños colaterales graves. Si alguien sostiene que por la vigencia de la LUC disminuyeron o aumentaron los esguinces de tobillo, sin duda engaña a quienes le crean, pero en principio sólo afecta las decisiones por el Sí o el No. Aún más grave es que, para incidir en esas decisiones, se causen grandes perjuicios en otros terrenos.

Esto último es lo que ha hecho el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con respaldo del presidente Luis Lacalle Pou, ante el proceso judicial sobre la muerte en 2020 de Santiago Cor, en Durazno.

Cor tenía 20 años e iba en una moto con caño de escape tronador, cometiendo una infracción administrativa. Dos policías le ordenaron que se detuviera, él no lo hizo, lo persiguieron y perdió el control del vehículo. Chocó contra un árbol y falleció dos días después por las lesiones sufridas.

En julio del año pasado comenzó un proceso contra los policías por abuso de funciones y homicidio. La fiscal alegó que la muerte del muchacho había sido consecuencia directa de una persecución innecesaria. Ya en aquel momento Heber dijo a periodistas que no podía entender la decisión judicial, que los imputados habían cumplido con su deber, y que le alarmaba la actitud de la fiscal. Todo esto en el marco de una defensa de la LUC, sin la cual dijo que volveríamos a tener “una Policía estática” impedida de “perseguir a los delincuentes cuando huyen”.

El ministro no sólo mantiene hasta hoy esa línea de argumentación, sino que además consideró pertinente viajar el lunes de esta semana a Durazno para estar presente en el comienzo del juicio oral y “darle respaldo” a “la Policía” en su conjunto. Lacalle Pou dijo que le parecía “un buen gesto”.

Esto se enmarca en la campaña por el No. Más de una defensa imprudente de procedimientos policiales cuestionados parece buscar no sólo la reafirmación de que con la LUC y el respaldo del Poder Ejecutivo la Policía actúa mejor, sino también el voto por No de quienes integran esa fuerza.

La conducta de Heber enrarece el proceso y le exige al juez un esfuerzo adicional para considerar el caso con ecuanimidad. También mengua la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, como señaló la Asociación de Magistrados Fiscales. El Colegio de Abogados no mencionó expresamente la presencia del ministro en Durazno, pero exhortó a “manejarse con cautela, sobriedad y mesura” en los asuntos que “pueden poner en duda” el respeto a la separación de poderes. Es una enorme imprudencia que la campaña hacia el referéndum ponga en peligro valores institucionales.

Hasta el lunes.