Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Una inspección técnica del Instituto Nacional de Colonización (INC) identificó como “colonos propietarios” en situación irregular al coronel retirado Roque Moreira, a su hija Irene Moreira (ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial) y a su yerno el senador Guido Manini Ríos, dirigente de Cabildo Abierto (CA) al igual que la ministra.

Manini, por su parte, asegura que ninguno de los tres fue nunca colono y que el INC nada tiene que ver con esas tierras, de las que se deshizo, vendiéndoselas a su suegro, porque descubrió después de comprarlas que no eran adecuadas para sus fines.

La misma discusión se había planteado antes, a raíz de que el conductor de CA votó artículos de la ley de urgente consideración (LUC), hoy impugnados, que lo beneficiarían si es colono propietario, liberándolo de la obligación de residir en el predio (que no cumplen ni él, ni Irene Moreira ni Roque Moreira). En aquella ocasión, como ahora, el senador y su esposa se limitaron a asegurar que no eran colonos, sin presentar documentos en apoyo a sus dichos. Tratemos de aclarar lo que por el momento es aclarable.

La ley prevé una considerable diversidad de formas de colonización, que determinan muy distintas situaciones, pero la intención siempre es la declarada por la ley que creó el INC en 1948: “Promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”.

El INC puede adjudicar tierras en propiedad, pero esto no libera en ningún caso a los colonos de compromisos con el Instituto, que puede expropiar esas tierras si constata que lo que se había subdividido volvió a concentrarse, o que se fragmentó “en forma excesiva”, o que se dejó de explotar, o que pasó a explotarse de un modo que “desvirtúa el objeto de la colonización”.

El centro del problema es que Manini y su esposa aseguran que el INC se desvinculó por completo de las tierras en cuestión cuando se las vendió al coronel Moreira, de modo que no le corresponde inspeccionarlas ni tomar decisión alguna sobre ellas.

La historia tiene algunas complicaciones que la pareja de dirigentes políticos no ha explicado. El INC está obligado, antes de comprar tierras, a estudiar su viabilidad productiva; por lo tanto, si pasó lo que dicen hubo un grave error. Por otro lado, buena parte de los trámites a los que alude el matrimonio Manini-Moreira se habrían realizado, durante la dictadura, entre un militar y un INC intervenido.

Más allá de lo antedicho, la cuestión de fondo es bastante simple; hay o no hay documentos probatorios de que las tierras fueron desafectadas del INC y pasaron a ser de Roque Moreira. Si los hay, este no es colono propietario sino propietario a secas, y corresponde que lo dejen en paz. Pero si no los hay, Manini y la ministra Moreira están en situaciones muy complicadas desde el punto de vista político, y quizá también legal.

Por esto último llama mucho la atención que hasta ahora no hayan mostrado unos simples papeles que les den la razón. Como dijo el actual presidente del INC, Julio Cardozo, el tema es “escabroso”.

Hasta mañana.