Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El liderazgo muy centralizado de Luis Lacalle Pou y su rol en la campaña por el referéndum crearon condiciones para que alguien planteara una reforma constitucional que permita reelegirlo en 2024. Alguien lo hizo, en forma anónima, y él ya dijo que, si bien es partidario “conceptualmente” de que esa posibilidad sea habilitada, quiere que la eventual reforma no se vincule con su caso personal, sino que se aplique después del final de su mandato.

En Uruguay hay una larga tradición de no permitirle a nadie dos períodos presidenciales consecutivos y la idea tiene incluso mala fama, a tal punto que cuando una persona que ya ejerció la presidencia vuelve a postularse y gana diez años después de su primera elección (como sucedió con Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez), ni siquiera decimos que fue reelecta.

Nuestra historia política es en buena medida un proceso de institucionalización y establecimiento de garantías que fue dejando atrás luchas por el poder caudillescas, irregulares y violentas, con claras intenciones de tomar como referencia modelos distintos de los que predominaron en América Latina.

En este marco se ubican tanto el énfasis batllista en un Poder Ejecutivo colegiado como las luchas del Partido Nacional por “la pureza del sufragio”. El intento reeleccionista de Jorge Pacheco Areco en 1971 resultó traumático; a Sanguinetti –que lo presenció– le gusta decir que un presidente en busca de su reelección es “un animal peligroso”. Hasta la dictadura cívico-militar fue muy reacia a los liderazgos basados en ambiciones personales.

Todo esto ha alineado al sentido común político uruguayo en el bando mundial contrario a las reelecciones presidenciales inmediatas, pero del otro lado hay varios países que no suelen aparecer en la lista de los poco democráticos. En ellos predomina la idea de que conviene permitir que la ciudadanía prolongue una gestión si la aprueba mayoritariamente, y que los presidentes continúen con la aplicación de programas exitosos. Por supuesto, en esos países la experiencia es más satisfactoria cuando hay normas específicas para evitar y prevenir que se abuse del poder presidencial con fines electorales.

Las cosas se complican cuando se habilitan más de dos mandatos sucesivos o incluso la reelección “indefinida”, por cualquier cantidad de períodos. Esto funciona bien en algunos regímenes parlamentaristas, en los que los jefes de gobierno también pueden caer cuando carecen de respaldo mayoritario, pero si se trata de presidentes con amplios poderes, la situación se puede acercar a la de las monarquías absolutas, e incluso a la de las dictaduras disfrazadas.

Los partidos que hoy gobiernan Uruguay fueron durísimos críticos de reformas constitucionales recientes en América Latina, que permitieron reelecciones de dirigentes etiquetados como progresistas o izquierdistas, pero es justo decir que no mucho antes estuvo el antecedente de Alberto Fujimori en Perú.

En todo caso, que se hable de una eventual reelección de Lacalle Pou en 2024 indica, aquí y ahora, que en la mayoría del Partido Nacional hay quienes no creen posible hallar una figura de relevo para conservar la presidencia, y soltaron un globo sonda.

Hasta mañana.