Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Durante la emergencia sanitaria quedó de manifiesto la importancia de que Uruguay cuente con un importante desarrollo científico, pero las consecuencias prácticas de esta comprobación están todavía por verse.

En 2020 el trabajo del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) fue un punto de referencia básico para el seguimiento y la valoración de investigaciones en todo el mundo sobre la covid-19 y el modo de hacerle frente, la consideración de los datos de la realidad uruguaya, la orientación de las políticas públicas y las comunicaciones a la ciudadanía. La creación de ese grupo multidisciplinario y el papel que desempeñó recibieron elogios y se tomaron como ejemplo mucho más allá de nuestras fronteras.

Sin embargo, ese año no hubo iniciativas estatales para fortalecer el desarrollo científico en Uruguay, para que beneficiara más y mejor tanto a las políticas sanitarias como a muchas otras. Hubo recortes, en el marco de una política general de reducción del gasto público.

En 2020 se podía alegar que, por la propia crisis asociada con la pandemia, había otras prioridades inmediatas (aunque, por cierto, es muy discutible que hayan sido bien atendidas algunas de ellas, vinculadas con la población más vulnerable).

Al año siguiente hubo un cambio significativo, pero no en el terreno de los recursos, que siguieron siendo escasos y se recortaron una vez más. El cambio fue que el presidente de la República decidió no aplicar las recomendaciones del GACH sobre la necesidad de acompañar el comienzo de la vacunación contra la covid-19 con una restricción transitoria de la movilidad social. El precio que pagó la sociedad fue muy alto.

Disuelto el GACH y concluida la emergencia sanitaria, da la impresión de que el aprendizaje del gobierno nacional fue insuficiente. Quizá sea porque el trabajo científico en Uruguay desmiente enfoques ideológicos muy extendidos en el oficialismo: se realiza muy mayoritariamente en instituciones públicas, exige relaciones de cooperación y es obvio que no se realiza con la motivación principal del lucro individual.

Este año se anuncia que el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo destinará más recursos a las áreas de ciencia y tecnología, aunque todavía no se han manejado cifras. Ayer dos excoordinadores del GACH, Rafael Radi y Fernando Paganini, se reunieron con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para transmitirle en nombre de la Academia Nacional de Ciencias un panorama de las necesidades y prioridades estratégicas en el sector.

Radi dijo que, ya en la mitad del período de gobierno, “es el momento de dar señales”. La inversión del Estado en el área de investigación y desarrollo ha estado, durante la última década, en el entorno de 0,4% del producto interno bruto, todavía muy lejos del 1% tantas veces reclamado, que no sería nada descollante en el contexto internacional.

Con un enfoque científico del asunto, será la evidencia la que indique si hay voluntad política de corregir el rumbo, para dejar atrás muchos años en los que la relación del sistema partidario con la ciencia ha sido, como decía el entrañable Chapulín Colorado, aprovecharse de su nobleza.

Hasta mañana.