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Manifestantes, el 7 de julio, frente a la Suprema Corte de Justicia, en Montevideo.

Foto: Federico Gutiérrez

Otra vez, las vacunas son un lujo

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Parecía que la agenda local seguiría dominada por la Rendición de Cuentas, pero todo cambió el jueves, cuando el fallo provisorio de un juez igualmente provisorio determinó la suspensión de la vacunación contra la covid-19 a menores de 13 años.

Lo inusual de la medida convirtió a Uruguay en materia de noticias internacionales, provocó alarma en los profesionales de la salud y la ciencia y concitó rechazo en todo el sistema político.

¿Todo? No. A una representante de la coalición gubernista le pareció “perfecto” el fallo de Alejandro Recarey.

La empresa Pfizer, por su parte, emitió un comunicado en el que no se hace mención al pedido de informes sobre las cláusulas confidenciales del acuerdo que firmaron el gobierno y la farmacéutica. No sólo medios locales, sino también organizaciones de otras partes del mundo han fracasado en el intento de conocer el alcance de los contratos comerciales de Pfizer con distintos gobiernos para proveer vacunas contra el coronavirus.

Mientras se espera que el lunes o el martes los abogados del Ministerio de Salud Pública consigan revertir el dictamen del juez (que también tuvo que emitir un comunicado para clarificar su sentencia), la propia herramienta que Recarey utilizó para prohibir temporalmente una vacunación que no era obligatoria, la acción de amparo, es puesta en cuestión.

Así que, por lo menos hasta que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie sobre este asunto, para una parte de la población vacunarse será un lujo, como ya lo había sido para la mayoría en los primeros meses de 2021, cuando el gobierno se demoraba en el trámite con Pfizer, negociaba de apuro con el laboratorio chino Sinovac y Uruguay se convertía en el último país del continente en comenzar con la inmunización.

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