El sistema político se abroquela en defensa del plan de vacunación y cuestiona el dictamen del juez Recarey

Los principales actores del sistema político uruguayo salieron a defender las vacunas contra la covid-19 y a criticar al juez Alejandro Recarey, luego de que este ordenara suspender la vacunación de los menores de 13 años. Todos esperan que el Tribunal de Apelaciones revea la situación y nuevamente se habilite a los niños a vacunarse.

El titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas, publicó una “carta abierta a la ciudadanía” en la que reafirmó “enfáticamente” su “convicción” de que el plan de vacunación anticovid diseñado en Uruguay “fue necesario y efectivo para mitigar la pandemia”, ya que “redujo los contagios, las internaciones y los fallecimientos por covid-19”. El ministro resaltó que “la vacuna permitió mantener íntegro y activo el sistema sanitario, que en ningún momento colapsó, a diferencia de lo que pasó en otros países”, y “permitió, además, que la sociedad recuperara en forma plena y anticipada la actividad educativa, social, cultural y deportiva”.

El oficialismo coincidió con las declaraciones de los gobernantes –Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, secretario y prosecretario de la Presidencia, dieron una conferencia de prensa al respecto– y manifestó sorpresa por lo dictaminado por el juez.

El senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini dijo que le preocupa “que haya niños que tienen comorbilidades y que necesitan la vacunación y que se les haya suspendido”, lo que “les quita un derecho a esos niños y a sus padres”. Señaló que “seguramente se corregirá” la sentencia en un Tribunal de Apelaciones, porque “no todos los jueces son antivacunas”, sino que “hay uno militante y antivacunas que tomó la decisión y que fue elegido por quienes hicieron la demanda, porque la presentaron en un período de feria”. Sin embargo, “el problema es que para cuando esto se corrija, en el medio va a haber gente perjudicada”.

Sergio Botana, también senador del PN, agregó que “en este país nadie obligó a nadie a vacunarse” y, por tanto, le parece “vergonzoso que la Justicia quiera obligar a alguien a no vacunarse”. “Sinceramente me parece peligrosísima la decisión de este juez; además, está violando lo que fue durante toda la pandemia el respeto a la libertad ciudadana. Nos vacunamos los que quisimos, los que teníamos la responsabilidad de hacerlo por nosotros y por los otros, y no puede ser que se condene a los niños a la no vacunación por una decisión impulsada por gente que me genera dudas, y tengo razones para ello”, apuntó.

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto (CA) Raúl Lozano dijo a la diaria que “los datos de la realidad son los que determinan que, evidentemente, la vacunación tuvo muy buenos resultados” y que, al “poner en duda” la campaña del gobierno, “se está poniendo en duda a toda la academia y a la comunidad científica del país”. Además, cuestionó que la decisión sea tomada por “profesionales del derecho, no de la medicina”.

“Yo entiendo que no tienen los conocimientos. ¿Cómo va a ponerse a discutir con científicos de la medicina alguien que es profesional del derecho?”, cuestionó. “Si la vacuna fuera peligrosa, evidentemente las distintas organizaciones internacionales o nacionales se hubieran opuesto terminantemente; sin embargo, los resultados de la vacuna están a la vista”, sentenció Lozano.

La postura del FA

El respaldo al plan de vacunación y el apoyo al mensaje del gobierno trascendió las fronteras del oficialismo y tuvo eco en la oposición. El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, llamó a Luis Lacalle Pou para informarle de la posición de su partido. En un breve comunicado que difundió el FA, expresó que “la vacunación frenó un momento trágico en el que día a día morían decenas de compatriotas” y que “Uruguay fue, por el compromiso de trabajadores/as de la salud, por las fortalezas de su Sistema Nacional Integrado de Salud y por el gran consenso científico, político y social, un referente en vacunación en el mundo”.

“Ese consenso se mantiene intacto pese a un fallo judicial que debe respetarse y acatarse, pero consideramos al igual que nuestro gobierno un profundo error, sobre todo considerando que la vacunación no es obligatoria”, expresó Pereira.

Por su parte, Jorge Quian, exdirector del Programa de Salud de la Niñez del MSP y exsubsecretario de esa cartera, dijo a la diaria que “es un disparate que un juez sea capaz de oponerse a una decisión científica, médica, que está respaldada por la gente que más sabe en Uruguay de vacunas”. “Parece un juez de fútbol el que lo hubiera dictado, no un juez que esté interesado en la salud de la población. Y yo defiendo a las vacunas, pero detesto las políticas que tiene la industria farmacéutica y las ganancias desproporcionadas que tiene con las vacunas; pero las vacunas está demostrado que han sido útiles”, aseguró.

Quian agregó que otras vacunas “prácticamente han hecho desaparecer enfermedades” y que las anticovid “han tenido un logro importantísimo”: disminuir la gravedad de las infecciones, al punto de hacer decaer la mortalidad. En este sentido, consideró que “discutir esto es como discutir si sale el sol mañana”, y “esto es darles alas a los movimientos antivacunas”.

Dos diputados del FA consultados por la diaria también se mostraron afines a la postura del gobierno y deseosos de que la apelación surta efecto. “A mí me parece que es un disparate que, ante una vacuna que no es obligatoria, el juez prohíba su administración a la población”, apuntó Gustavo Olmos, coordinador de la bancada. “Además, el plan de vacunación está respaldado por un comité científico, y no tengo ningún elemento para dudar de su competencia técnica”, expresó. Consideró que esta resolución “afecta la confianza de la población en las vacunas y eso es lo peor que se puede hacer, porque hay evidencia más que suficiente de que han significado un cambio sustancial en relación a la pandemia”.

Mientras tanto, la diputada Lucía Etcheverry manifestó “preocupación” y “sorpresa” por el tema, y deseó que haya “celeridad y claridad” para que se revierta y se “transmitan garantías a todo el mundo, porque las vacunas son muy importantes”.