Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Esta columna se terminó de escribir cuando aún se desarrollaba, en el Senado, el llamado a sala para requerir explicaciones por el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, cuando estaba detenido en Dubái. Los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo ya habían hablado tras las preguntas del interpelante frenteamplista, Mario Bergara, sin aclarar dudas básicas, pero los senadores oficialistas parecían decididos a declarar, según la fórmula ritual en estos casos, que habían brindado explicaciones satisfactorias.

Marset solicitó el pasaporte para que su abogado, Alejandro Balbi, lo empleara como argumento a favor de su liberación, que logró y le permitió, en vez de ser extraditado, salir de Emiratos Árabes Unidos y estar, hasta hoy, prófugo de Interpol, que lo busca por sus responsabilidades en una organización criminal con base en Paraguay.

Bustillo y Heber se aferraron a un relato que los exculpa. Alegaron que el trámite se realizó en el marco de las exigencias vigentes para conceder pasaportes a uruguayos en el exterior y que hasta ellos no llegó información sobre el solicitante, por lo cual tampoco tuvieron oportunidad de considerar si era oportuno y prudente darle lo que quería sin demora. Como ya es costumbre, le achacaron responsabilidades a un gobierno frenteamplista, por el decreto que estableció las mencionadas exigencias en 2014, y anunciaron formalmente su voluntad de corregirlo.

Quedan zonas oscuras. Hubo advertencias de diplomáticos sobre la conveniencia de analizar mejor la situación antes de otorgar el pasaporte, pero fueron desoídas y no sabemos por qué ni por decisión de quién. El Ministerio del Interior colaboraba desde hacía años con la investigación sobre Marset de la Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) estadounidense, pero, según la narrativa de Heber, nadie le señaló que se trataba de la misma persona que pedía un documento desde la cárcel.

Balbi se reunió el 24 de noviembre del año pasado con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y al día siguiente el pasaporte de Marset se imprimió y fue retirado por Cancillería. Ache dijo que entiende que esa reunión “genere suspicacias”, pero aseguró que el abogado no le pidió “ningún trámite” y que “están las pruebas” de que ella no dio “ninguna instrucción” (formal) referida al documento. Supongamos que Balbi no le contó los antecedentes de su defendido.

El documento fue entregado a la representación legal de Marset, que lo hizo llegar por su cuenta y con rapidez a Emiratos Árabes Unidos para facilitar su liberación. Si hubiera sido enviado por los medios habituales (la salida una vez por mes de la llamada “valija diplomática”), la situación del narcotraficante se habría complicado.

Heber y Bustillo, a diferencia de Ache, ni siquiera admitieron que la actuación de sus ministerios puede generar suspicacias. La única consecuencia conocida es la separación del cargo del subdirector de Identificación Civil, mientras se investiga una gestión para “apurar” el trámite del pasaporte de Marset. Parece muy poco.

Hasta mañana.