Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En Uruguay se destaca desde hace años que, en sucesivos informes de la organización Transparencia Internacional (TI), la percepción de corrupción en el país es la más baja de América Latina y, en la comparación mundial, está dentro del 25% más bajo entre 88 países. Lo que no se destaca es que la escasa percepción de que exista corrupción no significa que la corrupción sea escasa.

Los informes de TI se apoyan en consultas a personas a las que esa organización considera expertas o vinculadas con el mundo de los negocios, y la experiencia indica que, tanto en Uruguay como en otros países, la percepción de corrupción es muy influida por la divulgación de actuaciones en la materia del sistema judicial. En otras palabras, y aunque suene obvio, las prácticas corruptas se perciben cuando son descubiertas.

En consecuencia, lo más importante es que haya instituciones capaces de detectar la corrupción y tomar medidas al respecto. En este sentido, la situación uruguaya deja mucho que desear.

Las normas vigentes establecen, por ejemplo, una serie de restricciones para el financiamiento de las campañas electorales, y obligan a los partidos a presentar ante la Corte Electoral declaraciones de ingresos y gastos que prueben su cumplimiento de tales normas. El problema es que, como cualquiera puede imaginar, si alguien las viola no va a reconocerlo, y la Corte Electoral no dispone de recursos para verificar si las declaraciones corresponden a lo que en realidad se recibió y se gastó, para investigar si hubo aportes y desembolsos no declarados, e incluso si organizaciones criminales contribuyeron a las campañas.

Durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos, que se aprobó en el Senado con votos de esa fuerza política pero no en Diputados, donde lo rechazó el entonces legislador frenteamplista Darío Pérez. Fue presentado de nuevo en este período, y está aún en comisión.

En él se establecen topes para las donaciones individuales y para el aporte de los propios candidatos a sus campañas; y se prohíben las donaciones anónimas y las de empresas privadas (además de la publicidad estatal durante las campañas). Todo esto se puede discutir y modificar, pero lo crucial es la capacidad de controlar el cumplimiento de las normas actuales o futuras. Sin ella, de poco sirve todo lo demás.

En todo caso, la discusión ni siquiera avanza, porque Cabildo Abierto quiere que se satisfaga primero su postergada aspiración de contar con un representante en la Corte Electoral. En estas condiciones, es perfectamente posible que los informes de TI sigan indicando que se percibe muy poca corrupción en Uruguay, y que esto sólo muestre que la capacidad de percibirla está muy por debajo de lo deseable.