Salud mental: según especialista, lo único que se está haciendo es “reforzar lo hospitalario” cuando la ley plantea que sea “el último recurso”

“Lo más preocupante tiene que ver con [la falta de] apoyo a otro modelo de salud que no sea seguir contratando psiquiatras” expresó a la diaria Cecilia Baroni, psicóloga e integrante del Frente Antimanicomial y de Radio Vilardevoz.

La preocupación de Baroni surgió luego de que una delegación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) encabezada por su presidente, Leonardo Cipriani, asistiera esta semana a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda para rendir cuentas sobre el ejercicio y la ejecución de los fondos de 2021 y abordar los pedidos de la institución en el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas 2022.

Entre varias otras medidas, respecto de la salud mental, las autoridades de ASSE detallaron una serie de cambios e incorporaciones que se ejecutaron desde 2020 hasta la fecha y otras que se planifican para los próximos dos años.

En principio, Cipriani expresó que al comenzar su gestión, la Ley 19.529 de Salud Mental -aprobada en 2017- “se encontraba en un plano extremadamente teórico y no tenía recursos asignados”.

Por otra parte, repasó las incorporaciones en la especialidad. Según Cipriani, desde 2020 aumentaron los cargos de alta dedicación en psiquiatría y el número de licenciados en psicología, algo que se reflejó en las consultas. “Si comparamos cifras del año 2019 con cifras del año 2021 [se comparan los segundos semestres de cada año] veremos que hubo 17.000 consultas más para médico psiquiatra de adultos, 3.500 consultas más de psiquiatría infantil, y 35.000 consultas más de psicología”, detalló. En cuanto a lo edilicio, adelantó que ASSE está trabajando en un nuevo hospital de psiquiatría, que estará ubicado en el hospital Pasteur, y también se va a crear “una puerta de urgencia y emergencia que va a servir para descongestionar la puerta del Vilardebó”.

Pablo Fielitz, director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, también repasó el trabajo de la institución. Sobre las incorporaciones, destacó la Casa de Medio Camino en el departamento de Soriano y la residencia con apoyo en la ciudad de Pando.

En cuanto a los lugares de internación de los usuarios, uno de los objetivos que plantea la Ley de Salud Mental es que para el año 2025 los establecimientos asilares dejen de funcionar. En esta línea, Fielitz adelantó que “difícilmente para el año 2025 se puedan cerrar [el centro] Ceremos y el Hospital Vilardebó”. Sobre esto, Cipriani acotó que en años anteriores en las colonias había “610 pacientes, con aproximadamente 1.010 funcionarios”, y que en la actualidad, “debido a las altas que se han ido produciendo, hay 530 pacientes y un grupo de pacientes con altas transitorias”. “Para el año 2025, como establece la ley, no vamos a poder tener todos esos pacientes dados de alta”, dijo, y concluyó diciendo que no se va “a dejar a esos uruguayos en la calle o en alguna otra situación”.

La concepción de la ley

Baroni insistió en “ver dónde o cuáles van a ser los recursos para poder implementar equipos de salud comunitarios que estén más presentes en la prevención” y no luego, “en el tratamiento, que en definitiva también es lo más caro”, algo que también plantea la ley y no se mencionó en la comparecencia de ASSE. “Hay que prevenir y formar a la población en cómo evitar determinadas situaciones; la internación es el último recurso”, insistió.

En cuanto a las incorporaciones de psiquiatras, consideró que todavía “no se notan en el sistema” y que hay “listas de espera” de personas que necesitan un turno, además de que la cantidad de especialistas aún “no cuenta con una propuesta que los nivele en el sector público y privado”. Sobre la desinstitucionalización de los usuarios, agregó que la cantidad de institucionalizados desciende “porque fallecen, no porque hayan pasado a otros centros de atención”. “En las casas de medio camino que se abrieron los cupos han sido muy reducidos”, agregó.

Para Baroni, lo “más preocupante” es qué va a pasar “en el mientras tanto de las personas que hace mucho tiempo están institucionalizadas”, sobre todo en cuanto a sus derechos humanos. “¿Cómo se va a velar y garantizar para que no se violen sus derechos?”, se preguntó.

En cuanto a cómo se concibe la Ley de Salud Mental, acotó que “hay un error” porque “es para todos los usuarios y tiene que ver con una política general”. Las autoridades “dicen que la ley quedó bien teóricamente pero no se pensó como aplicarla; pero hay un error, porque [el documento] se basa en un montón de experiencias que no están ni estuvieron nunca financiadas por ASSE” y que las llevan adelante centros familiares, organizaciones sociales y grupos que no hacen a lo teórico, hacen a lo posible, según Baroni.

“Algunos cambios que plantea la ley no se han implementado porque se sigue pensando en el mismo nivel de atención”, insistió. “Si pensás que cumplir la ley es contratar más psiquiatras no entendiste la ley”, resumió, porque “el modelo [de atención] tiene que ser comunitario y, por ejemplo, contratar equipos que se enfoquen en prevención”. Para Baroni es fundamental incorporar profesionales “que ayuden, por ejemplo, a mejorar la calidad de vida de los usuarios mientras están internados”.

Algunas de las carencias que aún observa son que “hay personas que tienen el alta [médica] y no tienen a dónde ir a vivir”.

En cuanto a los avances presentados por ASSE, opinó que “los espacios que se inauguran son de una mirada desde la emergencia”, a partir de cuando “está todo el pescado podrido”, mientras que la ley fue creada con base en experiencias comunitarias y plantea que “el hospital es el último lugar a llegar”. Para Baroni es necesario reforzar la atención en las policlínicas y los lugares comunitarios porque “hay personas que transitan sus vidas allí porque son a las políticas a las que acceden”.

“Lo que se está haciendo es reforzar lo hospitalario, un modelo de respuesta rápido que genera una puerta giratoria”, que es “mucho peor que lo se podría hacer desde otros modelos que además incluye a las personas en la comunidad”. “No están pensando en derechos humanos, están pensando en cómo gestionar rápido algo y desde la puerta de emergencia”, concluyó.

Mariel Forestier, integrante del Grupo de La Esperanza -una asociación de familiares y amigos de personas con esquizofrenia- e integrante del Colectivo por Salud Mental Integral, repasó en diálogo con la diaria algunos artículos de la Ley de Salud Mental que, a su entender, no se cumplen. También se refirió a las principales carencias de la atención.

“El artículo 11 de la ley define una comisión asesora e intersectorial”, pero “la comisión asesora fue citada sólo una vez por el Ministerio de Desarrollo Social y por el Ministerio de Salud Pública [MSP] para avanzar en los proyectos” cuestionó Forestier. “Están haciendo cosas sin la comisión que debería asesorar lo que se va implementando”, acotó.

En la misma línea que Baroni, reclamó que los equipos multidisciplinarios que detalla la ley en el artículo 19 “tampoco se han visto”. Forestier lamentó que “no hay cambios que garanticen los derechos de los pacientes”. “A veces no es necesario tanto dinero, nada más pensar algunas cosas y cambios”, agregó.

En cuanto a lo que padecen los familiares de los usuarios con trastornos mentales, dijo que “no hay equipos multidisciplinarios que reciban” al usuario y que la mayoría de las veces no se permite que un acompañante ingrese. “Los familiares somos quienes estamos todo el tiempo con esas personas”, concluyó.