Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Una de las consecuencias de la crisis asociada con la emergencia sanitaria fue el brusco aumento de la cantidad de personas con graves dificultades para alimentarse. Ante esta situación hubo una notable respuesta solidaria, con el involucramiento de mucha gente en ollas populares y merenderos, que en algunos casos ya existían y en otros se crearon.

La emergencia sanitaria, decretada el 13 de marzo de 2020, terminó hace más de cuatro meses, el 5 de abril de este año, y bastante antes había comenzado a desactivarse gradualmente, pero sus efectos sociales persisten en gran medida, potenciados por otros factores que tienen mucho más que ver con la política económica del Poder Ejecutivo que con la covid-19.

Esto queda de manifiesto en el informe anual de Solidaridad Uy, una de las organizaciones que integran la Coordinadora Popular y Solidaria, formada en 2020 y responsable, desde entonces, de sostener gran parte de las ollas y merenderos.

El informe muestra que sus autores no sólo han sido capaces de asumir responsabilidades ante la crisis, sino también de profundizar en el conocimiento de la realidad, sistematizar los datos de su experiencia y reflexionar sobre ellos. Esto es muy bueno, pero las noticias que aporta el informe son muy malas.

En las iniciativas relevadas, que son casi 700, cada mes se sirven en promedio 730.200 porciones de alimento, que implican un gasto equivalente a un millón y medio de dólares, con casi 260.000 horas de trabajo voluntario aportadas por unas 2.000 personas. Si cada una de ellas cobrara el salario mínimo nacional, sus remuneraciones sumarían unos 32 millones de pesos mensuales.

Los cambios desde los momentos más críticos de la pandemia no son muy relevantes, y en los merenderos, que alimentan básicamente a niñas y niños, la demanda ha aumentado.

Hay quienes niegan la inseguridad alimentaria o por lo menos su magnitud, y ven esta red solidaria como una operación política de la izquierda para desprestigiar al gobierno nacional.

Otros aceptan que la tarea es necesaria y que debe ser sostenida, pero discrepan sobre el mejor modo de hacerlo, desde una gama muy amplia de posiciones ideológicas.

Unos reclaman que el Estado asuma directamente la tarea, con el enfoque antiguo y básico de las políticas sociales que adoptan varios gobiernos departamentales del interior, para asistir a grupos relativamente pequeños de personas ante una emergencia o en forma permanente. Otros opinan que es mejor tercerizar el servicio apostando a la eficiencia del sector privado, en la línea de lo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social.

Otros demandan un mayor aporte de recursos públicos a la Coordinadora; e incluso hay quienes consideran que esta debería continuar sus actividades con total independencia del Estado.

Por su parte, Solidaridad Uy enfatizó en el informe presentado ayer, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que “las ollas no pueden, ni deben, convertirse en una política pública”. Saben de qué hablan y se han ganado el derecho a ser escuchados.

Son pertinentes dos frases de Atahualpa Yupanqui. Una es “desprecio la caridad, por la violencia que encierra”. La otra: “Trabajo, quiero trabajo”.

Hasta el lunes.