Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El viernes, en la Expo Prado, una periodista de TV Ciudad consultó al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sobre el cambio de normas para los productos de las tabacaleras y la reunión con representantes de Montepaz SA de Nicolás Martinelli cuando era asesor del presidente Luis Lacalle Pou. Delgado, tras la respuesta inverosímil de que no tenía “ni idea” sobre tal reunión, se acercó a la colega y le dijo que la habían mandado a hacerle esas preguntas. El incidente cobró notoriedad y el secretario dijo luego que fue “un error”, pidió disculpas y alegó como atenuante que su comentario fue “fuera del aire”.

La Asociación de la Prensa Uruguaya consideró positivo el reconocimiento del error pero rechazó la actitud inicial de Delgado, señaló que no fue menos grave por producirse cuando él pensaba que ya no lo estaban filmando, y expresó su “preocupación por el reiterado señalamiento y estigmatización” de los trabajadores de TV Ciudad.

Sobre esto último, basta con recordar que cuando Lacalle Pou fue a la sede del Frente Amplio a presentar el anteproyecto de reforma previsional, dijo que le contestaría primero a quienes cubrían la noticia para el canal de la Intendencia de Montevideo porque allí eran “locatarios”.

Antes de que empiecen los “ah, pero...”, señalemos que José Mujica y Tabaré Vázquez también acusaron a periodistas de hacer mandados. Ambos estuvieron muy mal, pero esto no vuelve aceptable lo de Delgado.

Los “movileros” pueden demandar, cara a cara, respuestas sobre cuestiones que acaban de entrar en la agenda pública. Es una tarea tan crucial como difícil, pero se les asigna con frecuencia a colegas jóvenes, que quedan en una posición vulnerable ante dirigentes poderosos. Están en la primera línea de fuego y merecen más respeto que el que reciben, no sólo del elenco partidario sino también de sus jefes y empleadores.

¿Hay, en los medios de comunicación, quienes pretenden encargarles mandados políticos a periodistas? Los hay, lamentablemente, como hay quienes consideran que tienen derecho a titular o modificar notas para que parezcan decir algo distinto de lo que registraron sus autores. Estas cosas pasan, son abusos de poder contra los periodistas (además de constituir estafas al público), y a menudo resistirlas es peligroso para la estabilidad laboral o la carrera de colegas.

El problema se agrava cuando los dirigentes políticos, en vez de impulsar iniciativas que aumenten las garantías contra tales abusos, asumen que así son las reglas del juego, naturalizan que haya medios “amigos” y “enemigos”, y actúan como si las orientaciones editoriales fueran responsabilidad de quienes están simplemente trabajando y tienen menos recursos para defenderse.

Sería muy atinado que estas cuestiones se incluyeran en la agenda del diálogo entre partidos que comenzará mañana, convocado por el Frente Amplio, para evitar más daños a la convivencia democrática. No se trata sólo de que mejoren los modales en la interacción entre dirigentes políticos, sino también de evitar atropellos (desde cualquier partido) que no sólo afectan a periodistas, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Hasta mañana.