Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hoy se realiza un paro nacional de 24 horas, convocado por el PIT-CNT y la Intersocial, con la consigna “Contra el modelo de la desigualdad. Un país en crecimiento donde el salario sigue sumergido”. Los datos son indiscutibles: el Producto Interno Bruto aumenta, ante todo por un período de grandes exportaciones agropecuarias con récords de cantidades y precios, y se mantiene en promedio la caída del poder de compra de salarios, jubilaciones y pensiones, que, según el propio Poder Ejecutivo, recién volvería a los niveles de 2019 cuando termine este período de gobierno.
Quienes dicen que esto no se debe a un “modelo” aplicado en forma deliberada deberían tener en cuenta algunos datos adicionales. En primer lugar, según un estudio reciente de la Universidad Católica, los siete sectores de actividad en los que el salario real no ha caído son aquellos con convenios que no cumplieron con las pautas del Ejecutivo, ya fuera porque mantuvieron criterios del período anterior o porque empresarios y trabajadores acordaron, en este período, mejores condiciones, contra la voluntad del Ejecutivo.
Además, antes de las elecciones de 2019, todo el país escuchó decir a actuales dirigentes oficialistas que era preciso “flexibilizar” los convenios colectivos, porque el vínculo entre salarios y costo de vida era perjudicial para el empleo. En otras palabras, que habría más puestos de trabajo si a las empresas les resultaba más barato contratar personal.
En segundo lugar, el Ejecutivo ha manifestado con total claridad su voluntad de no aumentar la carga tributaria de las empresas, ni siquiera en los sectores que vienen percibiendo ingresos extraordinarios, e incluso se negó a exigirles una contribución transitoria durante la emergencia sanitaria.
Esto último fue lo que motivó la tan mentada referencia del presidente Luis Lacalle Pou a “los malla oro”, que quedó asociada con el conjunto de la política económica y que, si bien revela cierto desconocimiento de lo que ocurre en las competencias de ciclismo, expresa con claridad la orientación doctrinaria que predomina en el oficialismo. La idea es reducir los desembolsos del Estado para “quitarles lastre” impositivo a las empresas privadas (y muy especialmente a las mayores) y se supone, o por lo menos se afirma, que habrá un “derrame” sobre el resto de la sociedad.
No es, por lo tanto, ajeno a la voluntad predominante en el gobierno nacional que los puestos de trabajo creados en lo que va de este período sean en gran medida de mala calidad, que los grandes productores aumenten sus ingresos ni que los asalariados vean reducido el valor real de los suyos.
El hecho de que gran parte de las ganancias empresariales, en vez de “derramarse”, haya ido a engrosar suculentas cuentas bancarias, en Uruguay y en el exterior, no es consecuencia de la pandemia de covid-19, de la guerra en Ucrania ni de presuntos “palos en la rueda”.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dice que es “injusto” culpar al gobierno del aumento de precios, porque “el mundo entero está viviendo un proceso inflacionario”. Pero el problema no es que los precios suban, sino que los ingresos suben menos.
Hasta mañana.