Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Es obvio que en el actual gobierno nacional se analiza con mucho cuidado cómo describir la realidad, y en particular los resultados de sus políticas, para dar la mejor impresión posible. Esto no es condenable por sí mismo, pero hay una frontera que no debería ser cruzada entre “comunicar bien” y tergiversar los hechos, como sucede en estos días, al hablar de una “recuperación del salario real”.

Cuando sindicalistas y empresarios acuerdan un convenio con recuperación salarial, ambas partes entienden, al igual que los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que desde la situación inicial a la final el poder de compra de las remuneraciones a los trabajadores crecerá, porque los salarios aumentarán más que la inflación. En otras palabras, crece el salario real.

Del mismo modo, cuando se dice que durante un período de gobierno hubo recuperación salarial, esto significa que del comienzo al final de ese período el poder de compra de los salarios aumentó (es lo que pasó, por ejemplo, durante cada uno de los tres gobiernos nacionales frenteamplistas).

Lo que ha sucedido en este período es que en el primer año (2020) hubo una caída del salario real, que lo ubicó por debajo del nivel de 2019, que la caída continuó en 2021 y que, según cómo se hagan las cuentas (según se considere el valor final o el promedio del año), en 2022 el poder de compra salarial cayó un poquito más o aumentó un poquito.

Lo indudable, con independencia del manejo de los números, es que ese indicador crucial sigue por debajo de su valor en 2019, y que la mejor promesa del Poder Ejecutivo es que cuando termine el período volverá a estar, promedialmente, en el nivel que tenía al final del segundo mandato de Tabaré Vázquez.

A esto le llama “recuperación salarial” el gobierno de la coalición multicolor, en un evidente intento de disimular que los prometidos cinco mejores años de nuestras vidas transcurrirán, si todo sale como prometieron las autoridades, con ingresos salariales cuya capacidad de compra es menor que en el período anterior. Y no está de más (en realidad, está de menos) señalar que lo mismo sucede con el valor real promedio de las jubilaciones y pensiones.

La perspectiva puede ser peor para los indicadores de pobreza, cuyo ascenso es una de las notorias consecuencias de la caída salarial. Las crisis golpean más a quienes ya estaban peor y parece muy probable, de acuerdo con la experiencia histórica nacional e internacional, que el eventual regreso al promedio de salario real registrado en 2019, cuando concluyan estos cinco años sumergidos, no signifique que el porcentaje de personas pobres también descienda, simultáneamente, al nivel de aquel año.

Sea como fuere, está claro que en estos años hubo grandes ganancias para algunos sectores empresariales, acompañadas por un deterioro de los ingresos para vastos sectores de la población. Como dijo a la diaria Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte, “hay más para repartir”, o más bien habría más si la política económica apuntara a repartir. Jugar con las palabras puede ser un placer, pero no sucede lo mismo cuando se juega con los ingresos de la gente.

Hasta mañana.