Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Adrián Peña, que ayer tuvo que renunciar al cargo debido al mamarracho que hizo con su supuesto título, fue el primer ministro de Ambiente de Uruguay. Aunque se montó sobre bases existentes –sus reparticiones ya funcionaban en el antiguo Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente–, el ministerio fue creado por uno de los artículos de la Ley de Urgente Consideración, que entró en vigor hace dos años y medio. A diferencia de otros artículos de esa muy cuestionada “ley ómnibus”, este fue votado por todos los partidos.

Eso no significa que todo el mundo haya estado de acuerdo en asignarles mayor importancia a las políticas ambientales. Desde los sectores “anti-Estado” más radicales se criticó la multiplicación de cargos públicos, mientras que para otros era evidente que la creación de la nueva cartera obedecía a la necesidad de contar con más sillones ministeriales para otorgar a los socios del Partido Nacional en la coalición gobernante. Fuera así o no, Vivienda quedó para Cabildo Abierto y Ambiente, para el Partido Colorado.

Lo último seguirá siendo así a pesar de la salida forzada de Peña. La velocidad con la que se anunció el nombre de su sucesor (el contador Robert Bouvier, hasta hoy vicepresidente de Antel) parece indicar que las conversaciones del exministro con el presidente Luis Lacalle Pou y con sus correligionarios tenían como uno de sus objetivos asegurar la permanencia de un dirigente de Ciudadanos en la cabeza del Ministerio de Ambiente.

Y queda más que claro que hubo primacía de la cuota política si atendemos a las fuentes que señalaron que el sustituto será más “político” que “técnico”. No se trata de defender la idoneidad de Peña, pero la de su sucesor queda fuera de la cuestión.

Sólo en ese sentido, en el de que hay recambios rápidos, puede compartirse la opinión del presidente de que la salida de Peña fortalece a la coalición gobernante. En realidad, es extraño interpretar como señal de éxito la renuncia de un ministro obligada por el descubrimiento de una cadena de mentiras estúpidas. Más bien parece una nueva falla en la conformación de equipos gobernantes, de ese tipo de fallas que pueden percibirse como un fracaso de la política en general y que, acumuladas, van minando la confianza en las instituciones democráticas.

También es una mala señal, en este caso hacia las generaciones posteriores, que el primer ministro de Ambiente del país se haya tenido que ir así y que su sucesor se haya elegido en base a criterios ajenos a la urgencia de la compleja crisis que tienen que afrontar Uruguay y el resto del mundo. La actual y prolongada emergencia hídrica que estamos atravesando debería alcanzar como alerta acerca de la prioridad de los problemas ambientales y de la necesidad de contar con los mejores recursos para encararlos.

Hasta mañana.