Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El beneficio de la prisión domiciliaria para personas formalizadas o condenadas ya está previsto: lo puede otorgar el juez, considerando entre otras cosas problemas de salud, la posibilidad de riesgos y el delito cometido. No se puede aplicar para quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero se les aplicó a notorios represores de la dictadura debido a que no habían sido condenados por esos crímenes.

Cuando Cabildo Abierto (CA) presentó un proyecto de ley en esta materia, en 2021, buscó que el beneficio se otorgara en forma automática a partir de los 65 años de edad. Fue muy evidente su intención de beneficiar a los presos por delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado, aunque no lo planteó con franqueza. En la exposición de motivos invocó eventuales riesgos de contagio de covid-19, que en aquel momento tenían algún asidero, así como la necesidad de reducir la superpoblación carcelaria, pese a que el total de personas privadas de libertad mayores de 65 años no llega a 200, de modo que resulta insignificante en ese sentido. El hecho es que la aprobación de aquella iniciativa habría dejado vacía la cárcel de Domingo Arena.

Pronto quedó claro que en el oficialismo no había votos suficientes para aprobar aquel proyecto, y surgió otro de la senadora nacionalista Carmen Asiaín. Primero otorgaba la prisión domiciliaria en forma automática a partir de los 70 años de edad, pero después fue modificado para mantener la decisión en manos del juez, a partir de la consideración de cada caso, aunque introduciendo entre los factores a valorar algunos definidos con gran vaguedad, como la posibilidad de que la “condición biopsicosocial” de una persona privada de libertad determine que “la privación de libertad en un establecimiento carcelario perjudica su salud o vulnera su dignidad humana”.

Teniendo en cuenta la situación de las cárceles uruguayas, es bastante claro que la salud y la dignidad de estas personas se ven perjudicadas en la gran mayoría de los casos.

El proyecto que el oficialismo terminó aprobando ayer en comisión del Senado no tiene los efectos que quería CA, y aunque a este partido le interese mostrarle a parte de su electorado que logró algo, seguirán siendo los jueces quienes resuelvan, a su criterio, cuándo corresponde la prisión domiciliaria. Como no modifica nada sustancial, el Frente Amplio prefería que no se aprobara, y reclamó sin éxito que, en todo caso, incluyera garantías expresas contra el beneficio a terroristas de Estado.

En Uruguay se dice a menudo que cuando alguien recibe críticas desde la derecha y la izquierda es señal de que va por el buen camino. Se trata de una afirmación muy discutible, ya que los cuestionamientos de un lado y otro pueden deberse a que una persona comete muchos y muy diversos errores. Del mismo modo, cuando un proyecto de ley no satisface a la derecha ni a la izquierda, es apresurado concluir que se trata de una iniciativa equilibrada, porque también cabe la posibilidad de que presente distintos tipos de defectos o que no tenga ningún mérito destacable.

Hasta mañana.