Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El debate político sobre el proyecto de ley de eutanasia, aprobado ya en la Cámara de Representantes, se complicó ayer con las manifestaciones realizadas en comisión del Senado por la ministra Karina Rando. La secretaria de Estado sostuvo que la posición institucional del Ministerio de Salud Pública (MSP) es que la iniciativa “no se necesita”, porque el sistema de salud le puede ofrecer “a todas las personas de nuestro país una muerte digna, sin dolor y con el apoyo que necesiten”.

Debemos suponer, por supuesto, que Rando se expresó con sinceridad, y no que buscó argumentos para disimular una posición basada en la creencia de que los seres humanos tenemos vida por la voluntad de un ser superior, a la que debemos someternos. Dicho esto, recordemos de todos modos que en Uruguay el suicidio no es delito, de modo que, si bien cualquier persona tiene derecho a la creencia antedicha, no puede imponérsela a otras, y mucho menos puede hacerlo el Estado, que es laico.

Está muy bien, entonces, que el Estado ofrezca cuidados paliativos, y mejor sería que su oferta fuera realmente universal, de mayor calidad e independiente de la situación socioeconómica de las personas. Pero no le corresponde decidir que, estando tal oferta disponible, nadie puede ni debe optar por rechazarla, preferir la muerte y recibir ayuda para realizar su voluntad.

Por otra parte, los cuidados paliativos no son siempre capaces de eliminar los dolores, deterioros e indignidades que llegan en la fase terminal de muchas enfermedades (y tampoco es tarea del Estado definir qué nivel de padecimiento es tolerable para cualquier persona y en cualquier circunstancia). Pero incluso si estos cuidados tuvieran siempre una eficacia absoluta, persistiría el derecho de los seres humanos a despedirse de la vida sin recibirlos.

Una persona que decide morir es titular del bien jurídico de su vida, que es la única en juego. Y cuando alguien quiere renunciar a otros bienes, materiales, el Estado pone a su disposición procedimientos legales para hacerlo; no le dice que está equivocada y que debe recibir asesoramiento para quitarse esa idea de la cabeza.

El Estado tampoco priva a la que la gente de consumir alcohol, tabaco o marihuana con el argumento de que eso “no es necesario” y hay alternativas preferibles. Por el contrario, regula el mercado de esas drogas legales, para que quienes ejercen la libertad de usarlas lo hagan de la mejor forma posible.

Todo lo anterior señala que Rando se equivocó al plantear una posición del MSP acerca de este asunto, porque en el marco de nuestro Estado de derecho no es en absoluto pertinente que la institución a su cargo se pronuncie sobre una opción individual tan intransferible. Por otra parte, el gobierno de turno se precia de ser liberal, y defendió el criterio de la “libertad responsable” para decisiones que no sólo podían poner en peligro la vida de quien las adoptara, sino también las de otras personas. En este sentido hay un deber de coherencia, y si la norma en debate se aprueba sería realmente insólito que se considerara la posibilidad de un veto presidencial.

Hasta mañana.