Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La difusión de un nuevo informe sobre los resultados en Uruguay de las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) reactivó debates previos, pero quienes eran oficialistas son ahora opositores, y viceversa.

Estas pruebas son un indicador de utilidad relativa. El programa, ideado e impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), busca establecer una referencia común sobre el desempeño de los sistemas educativos en países con realidades muy distintas, y aunque se realiza en menos de la mitad de los que hay en el mundo, cabe recordar un viejo refrán: quien mucho abarca, poco aprieta.

Las pruebas, realizadas cada tres años por estudiantes de 15 años desde 2000 (y postergadas en 2021 por la pandemia de covid-19, de modo que las más recientes se llevaron a cabo en 2022), evalúan sólo una parte de los contenidos de la educación formal, que a su vez es sólo una parte de los factores que inciden en la formación de los seres humanos. En Uruguay, como en todas partes, los aprendizajes están muy vinculados con variables económicas, sociales y culturales a las que los centros de estudio pueden y deben tratar de adecuarse, pero que obviamente no controlan.

Por lo tanto, es esperable que los rendimientos promedio ante una misma prueba sean mejores en Canadá que en Líbano, como son mejores en Pocitos que en Casavalle, y a nadie con dos dedos de frente se le puede ocurrir asignarles la responsabilidad de acortar distancias sólo a las políticas educativas.

Pese a todo lo antedicho, en Uruguay como en otros países, cada informe PISA es utilizado por muchas personas, en la discusión política partidaria, como si fuera el único dato a tener en cuenta para juzgar positiva o negativamente a los sistemas de educación formal, y como si estos pudieran lograr cambios drásticos en períodos de apenas tres años. Así pasó cuando gobernaba el Frente Amplio y pasa también ahora.

En el informe hay datos de distinto tipo, que se pueden comparar con los del mismo año en otros países o con los anteriores de Uruguay, y tanto quienes quieren defender al gobierno como quienes quieren criticarlo tienen, como de costumbre, en qué apoyarse. En cualquier caso, es un error que se pierdan de vista dos criterios básicos: las pruebas PISA no son un diagnóstico integral y preciso de la situación educativa en el país; y mucho menos indican con claridad qué es lo que deberíamos intentar para mejorarla. De eso tenemos que ocuparnos aquí, y la OCDE no nos va a proporcionar una receta mágica.

Los resultados de las pruebas realizadas en Uruguay en 2022 no avalan ni descalifican la actuación de las actuales autoridades de la educación, y tampoco –obviamente– la transformación curricular impulsada por estas, que comenzó después. Los debates y conclusiones al respecto requieren insumos mucho más diversos y detallados. En algunos aspectos, habrá que esperar muchos años para evaluar; en otros, los problemas ya están a la vista y para verlos basta con tener en cuenta las opiniones, tantas veces desoídas o rechazadas, de especialistas locales, docentes, estudiantes y familias.

Hasta mañana.