Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En los últimos días esta columna estuvo dedicada varias veces a temas que tienen que ver con el sistema tributario, y es bueno que se centre hoy en el proyecto de exoneraciones para medios de comunicación presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Legislativo. A la diaria la comprenden, literalmente, las generales de la ley (aunque no participó en la solicitud de este beneficio), y los criterios no deben cambiar en función de lo que nos convenga.

Por una parte, uno de los requisitos para el fortalecimiento de la democracia es la calidad y diversidad de los medios de comunicación, y especialmente del trabajo periodístico en ellos. Por otra parte, grandes cambios tecnológicos y culturales amenazan a los medios, instalando tendencias a la precarización del trabajo en ellos y a la concentración de su propiedad en manos de grandes cadenas transnacionales, con pérdidas de pluralidad e independencia. Comunicar es cada vez más fácil, pero han aumentado mucho las dificultades para hacerlo con buenas prácticas periodísticas. Es de interés general que el Estado tome medidas, pero importa mucho discernir cuáles son las mejores.

Las exoneraciones de impuestos y aportes patronales son ya muchas, y es muy discutible que se otorguen con criterios justos. En su trasfondo se agita, además, la noción de que estos rubros son el primer lastre a tirar por la borda, con una percepción negativa de las políticas de redistribución que resulta indeseable desde un punto de vista progresista y desaconsejable en países que, como el nuestro, tienen pendiente la resolución de muchas graves desigualdades.

Es muy complejo y puede ser peligroso establecer contrapartidas para las exoneraciones a las empresas que manejan medios de comunicación, porque esto deja espacios para que los gobiernos de turno las premien o las castiguen en función de los contenidos que difunden, pero hay algunas áreas en las que parece seguro y saludable plantear exigencias mínimas. Entre ellas, para empezar, el cumplimiento de los laudos salariales y las leyes laborales, y el respeto por los derechos del público. Otorgar beneficios a los medios sin pedirles formalmente nada a cambio, como se ha hecho muy a menudo, puede ser una forma de disimular el intercambio de favores.

Por último, en este terreno es fundamental tener siempre presente a quiénes se dirigen las políticas, y cuando se trata de los medios abundan las confusiones. Los derechos de los periodistas no se justifican por sí mismos, sino para que el conjunto de la población ejerza mejor sus derechos. Del mismo modo, la prioridad no son las empresas, sino la ciudadanía. Nada bueno resulta, por ejemplo, de que los gobiernos manejen la publicidad estatal para facilitarle la existencia a medios inviables por falta de público.

Nicolas Sarkozy, a quien nadie podría considerar izquierdista, impulsó cuando era presidente de Francia que el Estado pagara a cada persona, al alcanzar la mayoría de edad, un año de suscripción al periódico de su elección. La idea era no subsidiar a las empresas, sino el consumo de periodismo. Habría que buscar soluciones innovadoras e inteligentes, en vez de apelar siempre a la renuncia fiscal.

Hasta mañana.