Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Pocas cosas nos complacen más que los elogios desde fuera de fronteras, pero cuando se nos señalan carencias y retrasos suelen pasar al frente las protestas contra la “intromisión” extranjera en nuestros asuntos. Con independencia de estos vaivenes, la cuestión es que la adhesión a normas internacionales tiene consecuencias.

Uruguay ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), votada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por lo tanto sus prácticas en lo referido al cumplimiento de ese tratado están sujetas a revisión por parte de un comité de 33 integrantes, elegidas por los Estados parte de la Cedaw, que se basa en aportes gubernamentales y no gubernamentales para realizar informes con recomendaciones.

Hubo un informe sobre nuestro país en 2016 y ahora se dio a conocer otro, que brinda la bienvenida oportunidad de reflexionar sobre los problemas de género en Uruguay fuera de fechas tradicionales como el 8 de marzo, el 3 de junio o el 25 de noviembre, manteniendo presente que el esfuerzo por mejorar debe ser cotidiano.

La referencia a la necesidad del “debido financiamiento” para avanzar hacia los objetivos de la Cedaw es un elemento central del informe sobre Uruguay. Las normas vigentes están muy bien, pero su cumplimiento no, y esto tiene que ver con los recursos asignados, tanto en términos cuantitativos como cualitativos (incluyendo entre estos la capacitación de personas para la aplicación de las leyes).

La Ley 19.580, sobre violencia hacia las mujeres basada en género, es muy completa y avanzada, pero desde que se aprobó, hace seis años, los presupuestos y rendiciones de cuentas han sido insuficientes para que sus disposiciones se cumplan en forma satisfactoria. También en 2017 se incorporó al Código Penal la figura del femicidio, pero el Comité Cedaw observa la carencia de los protocolos y la formación que hacen falta para la investigación y el juicio de este crimen.

La ley sobre interrupción voluntaria del embarazo fue vanguardista dentro de la región en 2012, pero desde entonces Uruguay se fue quedando atrás, y las transacciones que permitieron lograr una mayoría parlamentaria para aprobarla hoy dan vergüenza en la comparación con otros países cercanos. Entre ellas, el “asesoramiento” obligatorio a las mujeres por parte de un equipo interdisciplinario que, según la ley vigente, debe contribuir a que superen las causas que puedan inducirlas a la interrupción del embarazo, y el “período de reflexión mínimo de cinco días” que se les impone tras reunirse con ese equipo, a fin de que su decisión sea “consciente y responsable”.

La desigualdad de género agrava y reproduce otras inequidades. Uruguay ocupa, por ejemplo, un preocupante lugar regional destacado en términos de feminización de la pobreza, y esto tiene relación directa con los no menos altos y preocupantes niveles de pobreza infantil, porque la gran mayoría de los hogares pobres con niñas y niños están a cargo de mujeres, a las que cualquier crisis les hace más daño. El Comité Cedaw nos muestra un espejo; la responsabilidad es nuestra.

Hasta mañana.